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La lucha sigue
El diputado Miguel López Baldizón, jefe de la Bancada Azul y Blanco de la Asamblea Nacional, declaró a LA PRENSA (viernes 18 de marzo del 2005) que la “ley Arce” —como se le llama a la reforma del artículo 68 de la Constitución que se presentó con el propósito de eliminar la garantía a la libertad de información por medio de la exoneración de papel, tinta, equipos y refacciones que usan los medios de comunicación— “podría ser recurrida de amparo, inclusive, por vicios en el procedimiento de formación de la ley”.
El diputado López Baldizón sabe lo que dice y tiene razón. Tanto por su contenido —que atenta contra la libertad de prensa y fue fraguada con la intención dolosa de hacer uso del poder público para causar perjuicios a determinadas personas particulares , tal como lo declaró públicamente el diputado del FSLN, Wálmaro Gutiérrez—, como también por la violación al procedimiento legislativo, la reforma que aprobaron el miércoles de la semana pasada 64 diputados sandinistas y del PLC está viciada de nulidad. Y así tendrá que declararlo la Corte Suprema de Justicia, cuando falle los recursos que se interpongan contra dicha reforma, si es que en Nicaragua queda algo de decoro judicial.
En realidad, fue tanta la prepotencia de los diputados del FSLN y el PLC al imponer la “ley Arce” contra la libertad de prensa, que no sólo modificaron la Ley de Equidad Fiscal sobre la base de una supuesta reforma constitucional que no ha sido promulgada y, por lo tanto, no está vigente, sino que la misma “reforma” del artículo 68 de la Constitución aprobada el martes 15 de marzo no es la que los diputados aprobaron, en primera legislatura, el 14 de diciembre del 2004.
En efecto, en vez de aprobar en segunda legislatura la reforma al artículo 68 que votaron el 14 de diciembre del año pasado, lo que hicieron los diputados del FSLN y el PLC fue, según se puede confirmar en la página web de la Asamblea Nacional, “que el cuarto párrafo del artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua referido a la exención de impuestos a los medios de comunicación social, quedará tal y como lo establece la Constitución Política de Nicaragua, con la salvedad que las exoneraciones estarán sujetas a lo dispuesto en las leyes tributarias”.
Más exactamente, la “reforma” o más bien la adición al artículo 68 de la Constitución que quedó aprobada el martes 15 de marzo de este año, dice únicamente que: “Las exoneraciones se van a regular por la ley de la materia”. Y esto significa que la reforma votada en primera legislatura, el 14 de diciembre del año pasado, no fue ratificada en segunda legislatura como lo mandan el artículo 162 de la misma Constitución y el artículo 60 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, que a la letra dice: “Para su segunda discusión, la Junta Directiva someterá en los primeros 60 días del segundo período legislativo, directamente al plenario, la iniciativa de Reforma Parcial tal como fue aprobada en la primera legislatura”.
Hay, pues, un sólido fundamento jurídico para recurrir legalmente contra la falsa reforma del artículo 68 de la Constitución Política de la República. Eso es lo que tienen que hacer los diputados que honrosamente votaron en defensa de la libertad de expresión y de prensa y, por lo tanto, en contra de la “ley Arce”: Delia Arellano Sandoval, Miguel López Baldizón, Jorge Matamoros Saborío, Jaime Morales Carazo y Augusto Valle Castellón. Y lo mismo tendrán que hacer también los representantes de los medios de comunicación social y los gremios de periodistas.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua podría reivindicarse ante la sociedad nicaragüense y la comunidad democrática internacional, en el caso de que dictare una resolución positiva sobre los recursos que se interpongan en contra de la “ley Arce”, declarando nulo ese adefesio jurídico llamado reforma al artículo 68 de la Constitución. De otra manera el caso tendrá que ser llevado a los tribunales internacionales correspondientes, que podrían así conocer las razones “jurídicas” del abogado-diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, las cuales fueron publicadas en El Nuevo Diario del lunes 7 de marzo del 2005, para que juzguen cómo se legisla bajo la dictadura bicéfala, libero-sandinista, que impera actualmente en Nicaragua.
