José Adán Silva y Anne Pérez R.
La Fiscalía General de la República pedirá a la Policía Nacional una serie de aclaraciones sobre el informe conclusivo de las investigaciones sobre la muerte de tres personas a manos de agentes policiales en Chinandega, porque la institución fiscalizadora de justicia considera que dicho informe contiene muchos vacíos.
Tales vacíos podrían incluso dificultar a la Fiscalía la acusación criminal contra miembros de la Policía, involucrados en los hechos violentos que se dieron el pasado 23 de febrero, ya que en el mencionado informe no se incluyen peritajes científicos ni elementos de pruebas contundentes que permitan acusar, con nombres y apellidos, a los agentes involucrados.
Así lo confirmaron ayer tanto el fiscal general Julio Centeno, como el Inspector General del Ministerio Público, Miguel Robelo, luego de recibir y analizar el informe conclusivo que la Policía les hizo llegar como parte de sus investigaciones internas sobre los hechos.
Según Centeno, el informe “es una recolección sin orden de entrevistas a policías, peritos y testigos, que así como está, no contribuye al esclarecimiento de los hechos”.
ARMAS COMO CONFITES
Por su parte el inspector general Miguel Robelo señaló que el informe no presenta “la parte más delicada de la investigación, que es el informe del Laboratorio de Criminalística. Nosotros para acusar a alguien por un delito, debemos tener las pruebas y certezas de que esa persona disparó, pero nada de eso se aclara sin un peritaje científico”, acusó Robelo.
De acuerdo con las investigaciones autónomas del Ministerio Público, la Policía enfrenta el grave problema que no cuenta con un inventario preciso de las armas distribuidas a sus miembros el día de los hechos, porque a excepción de los policías de Chinandega, a los otros que apoyaron el desalojo se les entregaron armas en situación de emergencia, es decir, sin control estricto.
“Nos explicaba el comisionado Denis Tinoco (de la Dirección de Auxilio Judicial), que esas armas se entregaron a la carrera, porque tenían que salir a atender la emergencia, ahí no se sabe qué arma fue disparada ni cuánto disparó cada quien, hay detalles, muy propios de Criminalística, que no han sido reportados”, denunció Robelo.
REFUERZO FISCAL
Otra de las grandes debilidades a las que se enfrenta la Fiscalía, es la diferencia de “criterios profesionales” entre el dictamen médico forense que señala que las personas murieron entre las 8:30 y 9:00 a.m., y la aseveración de la Policía que dice que las acciones de tiro se dieron después de la 10:00 a.m.
Centeno informó que debido a la complejidad de los hechos, donde se investiga la actuación de más de 100 policías y la participación de más de 500 personas, la investigación del caso y su posterior acusación ante los tribunales, “será posible, pero muy difícil”.
Tanto así, que esta semana nombraron al fiscal Guillermo Alemán para que apoye las investigaciones del otro fiscal designado, Richard Lara.
LLUVIA DE INFORMES
Con el informe conclusivo de la Policía, son tres las instituciones que han dictado investigadores sobre los sucesos del pasado 23 de febrero, cuando más de cien policías desalojaron a cientos de precaristas en Chinandega, resultando tres personas muertas por heridas de balas.
Antes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe donde, sin mayores aportes, achaca la muerte de las personas a la Policía.
Ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos emitió su informe donde también acusa a la Policía de abuso de autoridad, brutalidad y exceso de fuerza.
Los resultados del informe final del Cenidh serán enviados al Relator Especial sobre Ejecuciones Primarias de la Organización de Naciones Unidas, para que éste incluya la información en el diagnóstico sobre el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
