Bayardo Quinto Núñez
La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 138 inciso 3 arguye: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República”.
La palabra amnistía viene del griego amnestia, “olvido”, y consiste en el acto del Poder Legislativo de ordenar en algunos casos el oficial olvido de una o varias categorías de delitos cometidos, aboliendo bien los procesos comenzados o en su defecto las condenas pronunciadas.
Ahora bien, el beneficio de la libertad por amnistía en Nicaragua ha sido objeto de severas críticas, porque presuntamente se les otorga a reos que no se lo merecen. En el fondo la amnistía es un evidente principio de prudencia política. Y, por otra parte, la amnistía es contraria al principio de igualdad por favorecer a las inclinaciones criminales de los amnistiados.
Es necesario tener pendiente que es más útil para la sociedad y para el imperio de la ley castigar que perdonar, y nunca aplicar dicha figura como carácter político tendiente a apaciguar los rencores. ¿Acaso el delincuente tuvo piedad con el bien jurídico protegido?
Cuando se favorece con el beneficio de la amnistía, sus efectos legales consiste en que el infractor penal nunca cometió tal delito. Ello no es justo, pues el que infringió debe cumplir su sanción. ¿Y los perjuicios quién los pagará?
Por tanto, no es de justicia acceder al beneficio de amnistía o indulto a ningún criminal, porque constituye una burla al bien jurídico protegido. ¿Y el imperio de la ley qué? Inclusive, para los jueces y magistrados es condición “Sine qua non” absolver o condenar a quien se lo merece, y no aplicar en sus resoluciones judiciales tecnicismos jurídicos invertidos de la ley para favorecer a ciertos que no tienen ganado ese derecho.
Y, en lo pertinente al caso DR-Cafta, ojalá Nicaragua se preocupe por hacerlo realidad por los buenos intereses nacionales y de bienestar común. Asimismo, es saludable que se tome conciencia en reducir a ciertos funcionarios públicos esos enormes salarios que desgastan al país. En un país empobrecido como Nicaragua, ¿cómo se explica que siendo pobres a ciertos funcionarios se les pagan enormes salarios, como que fuesen dioses? En megasalarios se pagan, miles y millones de córdobas mensualmente. ¿Eso es justo?
El autor es abogado y notario.
