Humberto Belli Pereira*
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El sueldo de los funcionarios
Humberto Belli Pereira*
Pocos temas se prestan tanto al populismo como el de los salarios de los altos funcionarios públicos. Algunos buscan disminuirlos argumentando que recortar a los que ganan más mejorará los salarios de los que ganan menos. Otros señalan razones de equidad: “Nuestro ingreso nacional es muy bajo y no puede ser que algunos funcionarios ganen 80 veces más que un maestro”. Algunos proponen rebajar los altos salarios a la mitad y equiparar lo que gana un ministro con lo que gana un diputado.
Los argumentos a favor de la reducción ejercen una poderosa atracción. Sin embargo adolecen de una lógica dudosa y no logran articular propuestas razonables o realistas. Veamos primero el argumento redistributivo. Si bajáramos en dos mil dólares mensuales el salario de los 40 funcionarios mejor pagados del Poder Ejecutivo y dividiéramos el ahorro (80 mil dólares) entre los 35 mil maestros de Nicaragua, el salario de éstos se incrementaría en sólo 2.28 dólares. Algo similar ocurriría si redujéramos en la misma proporción los cien mejores salarios del Estado y los repartiéramos entre los empleados de educación y salud.
Veamos ahora el argumento de la equidad. Tres mil dólares es todavía cincuenta veces más alto que el ingreso anual por habitante de Nicaragua. Buscar aminorar esa diferencia no sólo nos lleva al embrollo insoluble y subjetivo de encontrar una supuesta diferencia máxima aceptable, sino que también nos expone a tener que ofertar en los niveles superiores del servicio público salarios susceptibles de ahuyentar a los más competentes. Acordémonos que en estos tiempos de globalización y fácil movilidad de las personas, ninguna empresa puede aspirar a retener por mucho tiempo un profesional que al otro lado de las fronteras podría ganar el doble.
Para aproximarse en forma realista al nivel salarial que debe ofertarse a los altos funcionarios, lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de profesionalismo que deben tener los responsables máximos de las principales instituciones estatales. Un Ministerio de Salud o de Finanzas, para citar dos, son laberintos inmensos de problemas y responsabilidades, probablemente más difíciles y trascendentales que los que desafían al gerente general de Pepsi Cola, o a los 92 diputados. ¿No deben remunerarse los directores de instituciones semejantes con salarios equivalentes a los que pagan empresas privadas grandes? Algunos responden que no, alegando que el servicio público ha de verse como una vocación altruista que exige renunciar a las aspiraciones de lucro típicas de la economía privada. Pero el problema es que son escasas las personas con la capacidad o voluntad de someter a sus familias a ese lucro cesante, o aquéllas con rentas abundantes que les permita complementar sus ingresos.
Es clave en la discusión repensar el concepto de salario “caro”. Lo oneroso no es pagarle bien a personas capaces de asumir con éxito grandes responsabilidades. Lo caro es tener funcionarios incompetentes que no valen lo que se les paga. Un ministro de mil dólares mensuales podría ser carísimo para el país si toma malas decisiones y un ministro de cinco mil podría ser muy barato si las toma buenas. Un ministro eficiente puede ahorrar millones de dólares al Estado, negociar buenos términos para el país, y mejorar la cobertura y calidad de servicios claves.
Si bien es problemático fijar los salarios devengados por los altos funcionarios en función del ingreso nacional, sus remuneraciones deberían guardar alguna proporción con lo que se ganaba antes, o con el valor de mercado del aspirante. (Así contratan muchas empresas y organismos internacionales). Para algunas personas el ser nombrado ministro o diputado es como sacarse la lotería. De pronto obtienen un ingreso mucho mayor del que jamás hubiesen logrado fuera del Estado. Esto es un mal síntoma. Uno de los peores gastos es sufragar mediocracias parasitarias que ocupan cargos importantes en los distintos poderes del Estado, no en virtud de sus méritos, sino gracias a componendas y favoritismos políticos. Allí está la verdadera injusticia e inequidad; en el caso de aquellos funcionarios incompetentes —sean diputados, magistrados, contralores o ministros— que además pervierten sus puestos de servicio público para servir sus intereses privados, y que encima de ello reciben miles de dólares, exenciones, viáticos, fondos, prebendas y asesores. A ellos no hay que bajarles el salario. Habría que sacarlos del Estado.
* El autor es rector de Ave María College of the Americas
