Dos heridos aguardan por ayuda en la estación de trenes madrileña de Atocha.

La matanza que cambió a un país

Un año después del 11-M, el mayor ataque terrorista sufrido en Europa, no hay aún acuerdo sobre su autoría y consecuencias. El cambio de Gobierno que vino fue para unos una claudicación ante los terroristas. Para otros, un merecido castigo a un Ejecutivo que mintió. Éste es un recorrido por los cuatro días más dramáticos […]

  • Un año después del 11-M, el mayor ataque terrorista sufrido en Europa, no hay aún acuerdo sobre su autoría y consecuencias. El cambio de Gobierno que vino fue para unos una claudicación ante los terroristas. Para otros, un merecido castigo a un Ejecutivo que mintió. Éste es un recorrido por los cuatro días más dramáticos de la reciente historia española

Juan Ruiz Sierra

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El 11 de marzo del 2004, a primera hora de la mañana, diez mochilas cargadas de explosivos estallaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid, causando 191 muertos y alrededor de 2 mil heridos. Tres días después, en las elecciones generales españolas, 11 millones de personas dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) frente al oficialista Partido Popular (PP), de tendencia conservadora. Éstos son los hechos que nadie pone en duda. Las autoría y efectos políticos del mayor atentado sufrido hasta hoy en suelo europeo, por el contrario, continúan en discusión después de un año.

Para unos, el cambio de Gobierno se debió a los errores y falsedades del PP. Para otros, a que la mayoría de los españoles claudicaron frente a la extorsión de los terroristas.

De acuerdo con los primeros, el Gobierno del PP mintió durante los días inmediatamente posteriores a los atentados, acusando a ETA —la banda terrorista que busca la independencia del País Vasco— en lugar de a la verdadera autora, Al Qaeda, por simple conveniencia política.

Después de que el Ejecutivo liderado por José María Aznar mandara tropas a la invasión norteamericana de Irak —en contra de los deseos del 90% de la población española—, los políticos populares pensaron que un golpe de la organización liderada por Osama Bin Laden podría tener, en víspera electoral, efectos devastadores para sus intereses. Ésta es, con mayor o menor énfasis en el tema de la mentira, la interpretación de todos los partidos políticos españoles, menos el PP.

Para los miembros de esta agrupación, el 11-M fue obra de una compleja conjura cuyo único objetivo era torcer el voto de los ciudadanos. Así, en los meses posteriores al atentado dejaron de señalar únicamente a ETA para hablar de una alianza entre los terroristas vascos, los servicios secretos marroquíes, Al Qaeda, adinerados saudíes, delincuentes de Madrid e incluso ex altos cargos del Ministerio del Interior durante la administración socialista de los años ochenta y la primera mitad de los noventa.

De acuerdo con los populares, los españoles cedieron al chantaje, y esto constituye un peligroso precedente de cara a futuras elecciones occidentales, así como otorga un inusitado poder de influencia a los islamistas violentos.

Pero, más allá de los intereses políticos que motivan una u otra postura, los hechos hasta ahora conocidos respaldan con mayor fuerza las tesis de quienes consideran el atentado como obra de Al Qaeda y acusan al PP de no decir la verdad entre el 11 y el 14 de marzo, día de elecciones generales.

Tanto la comisión parlamentaria de investigación —formada para averiguar qué falló en el 11-M y qué medidas se deben tomar para que no vuelva a ocurrir algo similar— como las investigaciones llevadas a cabo por el juez Juan del Olmo, que instruye el caso, se encaminan en este sentido. Ha pasado un año del atentado y no hay indicios de que ETA haya participado en él.

MATANZA EN HORA PICO

A las 7:30 de la mañana, los trenes y estaciones ferroviarias de la capital española se encuentran repletos de gente que acude al trabajo. Atocha, Santa Eulalia y El Pozo del Tío Raimundo, las estaciones donde estallaron las diez mochilas con diez bombas, son algunas de las más frecuentadas.

Los autores de los atentados, musulmanes que llevaban años viviendo en España y que se suicidaron con explosivos el 3 de abril en su casa de Leganés (Madrid) al verse cercados por la policía, sabían esto y lo explotaron al máximo. Los españoles, a diferencia de los norteamericanos, están acostumbrados a la violencia terrorista, pero nunca habían vivido un ataque de este tipo: 191 muertos y casi 2,000 heridos, muchos de ellos inmigrantes provenientes de Latinoamérica y Europa del Este.

Tras los primeros momentos de caos, perplejidad y miedo, los cuerpos de seguridad comenzaron a investigar la autoría de los ataques. La tarde de ese mismo día encontraron un vehículo con detonadores como los utilizados en las mochilas bomba y un casete con versículos del Corán. A partir de ese momento los agentes siguieron exclusivamente la pista islamista, que luego se vería confirmada.

AZNAR: FUE ETA

Pero el Gobierno del PP iba en otra dirección. El entonces presidente, José María Aznar llamó a los directores de los periódicos españoles más importantes para expresarles su seguridad de que ETA estaba detrás de las explosiones.

Todos los embajadores recibieron órdenes de que debían acusar a la banda terrorista vasca en cualquier foro. El Ministro del Interior, Ángel Acebes, tildó de “miserable” a todo aquél que pusiera en duda que ETA era la autora del atentado.

Aznar también convocó una manifestación para el día siguiente, bajo el siguiente lema: “Con las víctimas, con la Constitución, contra el terrorismo”. La mención a la Carta Magna tenía que ver con ETA, puesto que los objetivos independentistas de la banda pasan necesariamente por una reforma de este texto legal.

La manifestación del 12 de marzo fue, por sus dosis de dolor y solidaridad, la más emotiva de la historia de España. Caía el agua, pero eso no importó a los 11 millones de personas que salieron a las calles de toda España. “No está lloviendo, el cielo está llorando” y “En ese tren íbamos todos”, gritaba la gente.

Poco a poco los manifestantes comenzaron a formular una pregunta: “¿Quién ha sido?” Ese mismo día, ETA dio a conocer un comunicado en el que negaba cualquier relación con la matanza. Los ciudadanos españoles querían una respuesta clara.

VUELCO ELECTORAL

“La principal línea de investigación continúa siendo ETA”, insistía el Ministro del Interior. Sin embargo, el 13 de marzo, jornada de silencio electoral, el juez Juan del Olmo ordenó la detención de tres ciudadanos marroquíes y dos indios. Ahí terminó la paciencia de muchos españoles.

Por medio de mensajes de celular y correos electrónicos, miles de personas se concentraron frente a las oficinas del PP de toda España para exigir la verdad antes de acudir a votar. “A la sede del PP. Pásalo”, fue la frase de aquel día.

Y, a la mañana siguiente, se dio el vuelco electoral. Las encuestas anteriores al 11-M reflejaban que el PSOE y el PP, que había gobernado la anterior legislatura con mayoría absoluta, se encontraban casi empatados, con una ligera ventaja de los populares. El giro fue radical y algo inesperado. Con 11 millones de votos, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el Presidente con más apoyo en 27 años de elecciones democráticas en España.

TROPAS FUERA DE IRAK, ENFRIAMIENTO CON WASHINGTON

La primera medida que tomó Zapatero, cuando sólo habían pasado 48 horas desde que fuera investido jefe del Ejecutivo, fue ordenar el regreso de las tropas españolas en Irak, tal como había anunciado en los mítines de la campaña electoral. La noticia causó conmoción en todo el mundo.

Desde Estados Unidos, la Administración del presidente George W. Bush, que mantuvo excelentes relaciones con José María Aznar, dijo que los lazos entre ambos países se resentirían.

En la reciente gira por Europa y Medio Oriente de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que precedió a la de Bush, la jefa de la diplomacia estadounidense no incluyó España en su largo periplo.

Tras el triunfo electoral de Bush, éste esperó varias semanas para devolver la llamada de Zapatero para felicitarlo; mientras, en ese intervalo, Bush recibía a Aznar —ahora convertido en un conferencista académico— en la Casa Blanca y a los Reyes en su rancho de Texas, un honor concedido a muy pocos estadistas mundiales.

Un año después del 11-M, apenas ha habido incidentes racistas contra la población musulmana en España, un país en el que viven cerca de un millón de creyentes en el Islam. Tampoco, y al contrario que en Estados Unidos tras el 11 de septiembre (9/11), se han percibido especiales cambios en las medidas de seguridad. Entre otras cosas, porque resultaría prácticamente imposible controlar y registrar a los cientos de miles de personas que cada día viajan en tren en el país europeo.

LAS PESQUISAS JUDICIALES

En España, un total de 74 personas son sospechosas, según la justicia española, de estar implicadas en los atentados que causaron 191 muertos el 11 de marzo del 2004 en Madrid.

Permanecen en detención provisional 22 de ellas, incluido el marroquí Jamal Zugam, considerado uno de los principales sospechosos.

Otros dos sospechosos están detenidos fuera de España, uno en Marruecos y otro, el marroquí Yusef Belhadj, en Bélgica. Belhadj podría ser “Abú Dujanah”, el portavoz de Al Qaeda en Europa, que reivindicó en un vídeo los atentados del 11 de marzo.

Hasta ahora, sólo ha sido juzgada una persona, el menor Gabriel M., un español de 16 años condenado a seis años de cárcel tras declararse culpable de haber transportado los explosivos utilizados el 11 de marzo.

El juez Baltasar Garzón inculpó además a 41 personas por su participación en la preparación de los atentados del 11 de septiembre, incluido Osama Bin Laden, pero la mayoría están prófugos.

Veinticuatro de ellos deben comparecer en los próximos meses, según fuentes judiciales. Entre ellos figuran tres miembros de la célula de Al Qaeda en España, su supuesto jefe Imad Eddin Barakat Yarkas (alias Abú Dahdah), Driss Chebli y Ghasub al Abrash Ghalyun, quien filmó minuciosamente las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.

(AFP)

RECOMENDACIONES

El pasado 8 de marzo se aprobaron las recomendaciones provisionales de la comisión parlamentaria del 11-M. El documento aborda 136 medidas, 16 destinadas al tratamiento de las víctimas del terrorismo y 120 a la seguridad. Entre estas últimas se incluyen una mayor dotación de policías en el extranjero y mayores recursos para los cuerpos de seguridad y el sistema judicial. Las recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad en la comisión, pero no por todos los partidos. Faltó el PP. Insistiendo en su tesis de que ETA estuvo detrás del atentado, los populares se abstuvieron.

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