Alfonso E. Castellón Ayó[email protected]
Sin ánimo de crear polémica ni enfrascarme en dimes y diretes con organizaciones involucradas en conflictos de propiedad, y después de leer recientemente una noticia en LA PRENSA escrita por el amigo José Adán Silva, quiero señalar que en algunas de esas organizaciones participantes en el foro de la propiedad, sus miembros son también objeto de reclamo en asuntos de propiedad, porque la mayoría se han valido de las leyes de la piñata para adquirir bienes inmuebles a nombre propio. No creo en ningún foro de la propiedad mientras no pertenezcan a dicha organización personas confiscadas o miembros de la Asociación de Confiscados de Nicaragua, porque es ilógico poner a cuidar el queso a los ratones.
Hace meses preparé un artículo para explicar en términos legales qué significó el régimen sandinista en lo concerniente a confiscaciones de bienes durante el período 1979-1990. Prepararlo me tomó varias horas resultando un artículo de 2,000 palabras. Espero reducirlo para que me lo puedan publicar.
El conflicto de la propiedad comenzó con la toma de las mansiones de lujo, propiedades inmuebles valiosas (haciendas) y otros bienes, hasta arrasar con todo lo que gustara a los comandantes. Arranca con el Decreto 3 del 20 de julio de 1979 estableciéndose la actitud de irrespeto y total desprecio por el derecho de la propiedad privada: fundamento esencial del sistema económico conocido como el capitalismo. Decretos confiscatorios de toda índole fueron puestos en vigencia, convirtiendo a los dizque proletarios, en verdaderos capitalistas. He aquí algunos decretos confiscatorios que cronológicamente fueron publicándose para confiscar mansiones, obras de arte, repartos, toda clase de inmuebles, compañías de seguros, de ahorro y préstamos, bancos, etc.: No. 3 del 20/07/79; No. 10 Artos. 3, 7, 6 y 9 del 22/07/79; No. 18 del 23/07/79; No. 25 del 26/07/79; No. 38 del 8/08/79; No. 55 del 28/08/79; No. 59 del 30/08/79; Decreto 97 del 22/09/79; Decreto No. 101 del 22/09/79; No. 103 del 18/09/79; Decreto No. 107 del 16/10/79; etc., etc. El resultado: ¡Nuevo patrimonio de la cúpula sandinista! Significó el abuso más grande cometido en contra del derecho de propiedad privada en Nicaragua desde 1821.
¿Cómo es posible que el señor periodista, José Adán Silva, destaque a ocho columnas semejante subtítulo: Aplauden creación de la nueva Ley de la Propiedad, resaltando que las organizaciones involucradas en conflictos de propiedad “aplaudieron ayer la creación del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, demandando su aplicación inmediata…” ¡Por favor señores periodistas que cubren los asuntos de propiedad: ¿no razonan que ellos son parte del problema, y por eso lo aplauden? Al menos deberían oír a los perjudicados para actuar con equidad.
¿Es qué no pueden darse cuenta a simple vista de que ésta es la parte II del pacto iniciado en 1998 con el diálogo nacional y la creación subsecuente de la Ley No. 278 o Ley de la Propiedad? Ahora se produce la Ley 512 (2005), es el sello final a la piñata sandinista. A recibir bonos se ha dicho, pobre Nicaragua.
Gracias a mi buen amigo, el doctor Arnoldo Alemán Lacayo y su contraparte el “comandante” Daniel Ortega, se están enterrando las aspiraciones de los confiscados nicaragüenses y extranjeros en su justa pretensión de recuperar sus propiedades. Ahora sí va a ser cierto lo que otro famoso de los nueve me dijera hace varios años en el bar Conchas Negras: “Ve hombre, aquí nadie mueve las barreras que nosotros movimos, pues no habría cómo hacerlo…” Viendo mejor las cosas: tenía razón, dicho ex comandante, seguramente ya conocía el trompo que habían enrollado su jefe incondicional don Daniel Ortega, con mi amigo y máximo líder del PLC, don Arnoldo. Los señores confiscados ya pueden despedirse de sus nobles deseos de recuperar los bienes usurpados gracias al aval de “cincuenta” decretos confiscatorios y otras tantas leyes aprobadas desde abril de 1990 hasta nuestros días. Total: arreglos de cúpula con bienes ajenos. Se cierra el telón. Aplausos.
El autor es Secretario General de la Asociación Nicaragüense de Confiscados
