Feminicidio, Poder y Estado

Patricia Independencia Obregón Robleto

Las Mujeres Somos Humanas, somos ciudadanas. Procurar una mirada hacia el incremento de mujeres asesinadas, comprobar la falta de prioridad y recursos de parte del Gobierno para afrontar el incremento de la violencia intrafamiliar y sexual, prevenir la desprotección de las mujeres que han muerto de las propias manos de sus seres queridos frente a una condición de desigualdad de poder ante sus agresores, obviamente es realidad en Nicaragua y más que ineficiencia o displicencia de los decisores, podría inferirse como un asunto de absoluto desprecio de género.

¿Cómo entender esta situación? ¿Como un asunto cultural o de poder? Ésta es una causa relacionada con la perpetuación de la división sexual de los roles sociales. Los hombres para lo público y las mujeres para lo privado. Leído de otra manera, los hombres son redimidos por ser violentos, entre más agresivos más machos… y a las mujeres se les sataniza… Si callan o resisten son mejores mujeres…

En las instituciones públicas se replica el modelo, algunas veces marginando a las mujeres hacia posiciones secundarias, otras legislando sobre la condición, posición y situación de la mujer, callándolas alrededor de los problemas que le atañen directamente, disponiendo de su salud, cuerpo, derechos y obligaciones desde posiciones de autoridad masculina muchas veces ilegítimas y abusivas.

Durante el año 2004 se registró el asesinato de 46 mujeres, 7 de estos perpetrados en niñas menores de 15 años (información documentada en base de datos de monitoreo de medios de comunicación social efectuados por mi Despacho).

De este archivo: unas denuncias se encuentran en investigación, otros autores “prófugos”, otros están protegidos por la impunidad. Incluso en las esferas más altas del Gobierno y de instancias de poderes del Estado desde una posición de indolencia, indiferencia y en un afán de justificar lo injustificable que resulta no únicamente ofensivo, sino inconcebible, aún estas muertes y estas vidas son consideradas como “estadísticas”.

De acuerdo con la proyección 2001 del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos, la población total de Nicaragua es de 5,480,341 habitantes, las mujeres representan la mayor parte de esa población (51 por ciento) de las cuales, un 25 por ciento son menores de 25 años, un 42 por ciento tiene menos de 15 años de edad y el 53 por ciento de la población total son niñas, niños y adolescentes, indicando esto que Nicaragua tiene una población predominantemente femenina y joven.

Los gobernantes ofrecieron no impunidad, justicia en igualdad de condiciones, seguridad ciudadana, acceso a educación, más empleos, crédito, salud… mayores oportunidades, entre otras promisiones. Ofrecimientos de lo que nos corresponden como derechos fundamentales. La Constitución Política de Nicaragua instituye en su Arto. 4: “El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión”.

Los artículos 27 y 48 de nuestra Carta Magna responden al principio de igualdad y de la igualdad incondicional entre hombres y mujeres y la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y de su participación efectiva en todos los espacios importantes del país.

Representantes de los poderes del Estado olvidan que las condiciones de desprotección de derechos humanos de las mujeres son hechos violatorios de la Constitución, y en cierta forma, la actitud de no priorizar esos derechos se convierte en un elemento que implica desprecio o violencia de género al desconocer estos preceptos constitucionales, contradiciendo sus promesas de ley y juramentos en sus cargos para velar por estas premisas fundamentales.

No hay justificación humana que argumente la violación al derecho humano y bien jurídico más preciado, la vida. No hay exculpación ante tanto daño y saña en los hechos. Tenemos derecho a vivir en condiciones dignas, a la vida, a educación, a salud, a un empleo digno, al acceso a la justicia, de disfrutar de nuestra sexualidad y a vivir libre de violencia. Los feminicidios no son estadísticas… las mujeres somos humanas, somos ciudadanas.

La autora es Procuradora Especial de la Mujer, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

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