Ricardo A. De León Borge
El pasado 28 de febrero se inauguró en Managua, el 66 Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), del cual es presidente el destacado jurista nicaragüense Mauricio Herdocia Sacasa. El CIJ, que por primera vez en 99 años sesiona en Centroamérica, es la instancia de la OEA dedicada a las cuestiones jurídicas internacionales. Además, cumple la función de codificador del derecho internacional en el hemisferio. Sus aportes al derecho internacional han sido sustantivos.
Temas. Entre los temas más importantes que discutieron y analizaron los miembros del CJI se encuentran: preparación de la conmemoración del centenario del CJI; esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad; aspectos jurídicos de la seguridad interamericana; aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social. Algunos de estos temas, considero son importantes para el desarrollo de una mejor y más clara reglamentación y definición de conceptos.
La seguridad interamericana es un tema que ha evolucionado mucho después del fin de la Guerra Fría y después del 11-S. En estos nuevos tiempos la seguridad se preocupa por la democracia, los derechos humanos, la erradicación de la pobreza; lucha contra el terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, delincuencia transnacional, impunidad y corrupción; protección del medio ambiente. En otras palabras, es una seguridad multidimensional que abarca ya no sólo los problemas armamentísticos, sino que enfrenta los desafíos olvidados de la Guerra Fría.
Sin embargo, muchos de estos temas siguen siendo retos que no han sido atendidos de manera efectiva, e inclusive se han tornado más complejos. Por eso el CJI ha analizado mecanismos jurídicos más efectivos.
Corrupción e impunidad es una de las “cruzadas” que los gobiernos de la región latinoamericana están trabajando, con el fin de eliminar o por lo menos disminuir los índices de corrupción, ante la amenaza _comprobada— que representa para la democracia y como obstáculo para conseguir el desarrollo económico de las naciones.
En la Declaración de Managua, emanada de la reunión contra la corrupción a nivel hemisférico (8 y 9 de julio 2004), las naciones se comprometieron a: “negar acogida a funcionarios corruptos y a quienes los corrompen y a cooperar en su extradición, así como a procurar el no ingreso y la recuperación de activos y bienes originados por actos de corrupción y su restitución a sus legítimos propietarios”.
En el Índice de Percepción de Corrupción”, que publica anualmente Transparencia Internacional, los países del hemisferio figuraron entre los 50 más corruptos de las 133 naciones analizadas. De esta manera queda en evidencia el pobre papel que se ha ejercido sobre esta temática. La necesidad de mecanismos más eficientes para combatirla es imperativo y el CJI debería analizar e inclusive proponer las herramientas necesarias.
En cuanto a los aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social, las democracias del hemisferio deben enfocarse en el desarrollo como una de las fuentes de legitimidad. El CJI debe adoptar y ejecutar las imperiosas acciones para la creación de mecanismos jurídicos que coadyuven al desarrollo económico y social de los pueblos, con el fin de que la democracia sea más efectiva.
Las actividades del CJI allanan el camino a una América urgida de respuestas a sus necesidades.
El autor es licenciado en Relaciones Internacionales.
