Los precaristas de Chinandega se mantuvieron ayer a la expectativa del accionar policial.

Investigan a ocho policías

Continúa la hostilidad contra la Policía y los terrenos en Chinandega siguen invadidos por precaristas Interviene Fiscal especial para asegurar imparcialidad de la Fiscalía Carol Munguía y Wilder Pérez R. CHINANDEGA.- Al menos ocho policías de la plantilla de Chinandega serán procesados por la muerte de tres civiles en un sangriento desalojo ocurrido el pasado […]

  • Continúa la hostilidad contra la Policía y los terrenos en Chinandega siguen invadidos por precaristas
  • Interviene Fiscal especial para asegurar imparcialidad de la Fiscalía

Carol Munguía y Wilder Pérez R.

CHINANDEGA.- Al menos ocho policías de la plantilla de Chinandega serán procesados por la muerte de tres civiles en un sangriento desalojo ocurrido el pasado miércoles, según las primeras investigaciones que levanta un equipo de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

El número de oficiales indagados es similar al lote de armas que fueron requisadas al pelotón que participó en el desalojo, fusiles que fueron enviados al Laboratorio de Criminalística de la ciudad de León, para determinar cuál de las armas fue usada en contra de la población herida y fallecida.

Al retirarse el equipo de investigación de Asuntos Internos, a cargo del comisionado mayor Juan Báez, se precisó que los investigadores tuvieron limitaciones al intentar reconstruir los hechos, por cuanto se imposibilitó el acceso de los agentes especiales al lugar de la tragedia.

De acuerdo a una reunión sostenida entre los precaristas y la Policía ayer, se estableció que las unidades de investigación entrarán hoy al reparto Camilo Ortega, para iniciar las pesquisas.

Otro dato relevante es la intervención del doctor Richard Lara, fiscal especial de la Fiscalía, que llegó desde Managua para hacerse cargo de las investigaciones por parte del Ministerio Público, quien se comprometió a ser transparente e imparcial en sus pesquisas.

MOVIMIENTOS CONGELADOS

Durante todo el día de ayer, los precaristas se mantuvieron a la expectativa de un bus de antimotines que permanecía en la estación de la Policía de Chinandega, para un eventual enfrentamiento. Sin embargo, no hubo mayores acciones, en parte porque el abogado César Castillo, representante de Milton Castillo, dueño de las 15 manzanas tomadas, decidió no tomar medidas inmediatas.

En conversación telefónica con LA PRENSA, el abogado dijo que iba a esperar lo que decidiera su hermano como dueño del terreno, pero dejó claro que “no actuar” significaba además no vender.

Los precaristas, que en todo momento se negaron a dar sus nombres por miedo a represalias de la Policía, sostuvieron que César Castillo no actuó como habían acordado.

“En una reunión habíamos quedado que le íbamos a comprar en seis mil dólares cada manzana, y dijo que le diéramos diez días, pero a los ocho días se nos apareció con la Policía, nos traicionó”, argumentaron.

Castillo rechazó esto diciendo que “eso no era negociación, si ya estaban metidos en la tierra”.

TOMAN DISTANCIA

La Alcaldía de Chinandega tomó distancia del caso, bajo el argumento de que no tiene nada que hacer en un problema de propiedad privada.

ACTUACIÓN POLICIAL DESPROPORCIONADA

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijeron que hubo excesivo y desproporcionado abuso de la Policía y poco profesionalismo de la Fiscalía en el desalojo de los precaristas en Chinandega.

“Hay un denominador común en los muertos que hace la Policía en las protestas públicas, siempre aparece un dirigente muerto y herido, eso nos preocupa”, afirmó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas.

Investigaciones preliminares de la PDDH revelan que Mauricio Flores e Iván Rodríguez, jefes de sector de la Policía, habrían ordenado disparar en el desalojo, a pesar de que “la Policía ni siquiera debió usar esas armas, porque son las aptas para el Ejército”, dijo.

Cabezas rechaza el argumento policial de que el caso fue un flagrante delito, pues señala que las investigaciones revelan que los pobladores estaban en la zona, desde el 2 de febrero.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos coincide con esta versión y acusa a la fiscal Juana Valladares de contradecir las directrices de la Fiscalía que especifican que en estos casos debe llamarse a mediación entre las partes.

MEDIDAS

La Comisión de Asuntos Internos expondrá a sus superiores de la Policía en Managua, los resultados de las pruebas de balística y los puntos de coincidencia encontrados en las entrevistas a los agentes implicados a fin de dar a conocer el martes las sanciones a los indagados.

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