Abraham Rossman Castilla
La seguridad social es un tema atractivo y complejo que muy pocos entienden y muy escogidos son los que lo manejan en Nicaragua, y se acentúa más su desconocimiento cuando los políticos y —por qué no decirlo— los medios de comunicación, coinciden para proyectar una versión distorsionada y alejada de su realidad que la hacen impermeable a la comprensión de las grandes mayorías. He seguido con atención cómo el señor Presidente juramenta un grupo de distinguidos ciudadanos y la Asamblea prepara un proyecto de reformas a la seguridad social con “expertos y especialistas” que sería interesante conocer sus respectivos currículos, que nos convenzan que son verdadera garantía para los cambios que desean implementar y no prevalezca el empirismo.
Para una mejor comprensión trataré de ser sencillo en este artículo. Seguridad Social no es lo mismo que Seguro Social. El primero es un concepto de extenso contenido social. Es salud, educación, vivienda, garantía laboral y ambiental, etc.; es decir, un gran paraguas que cubre todos aquellos riesgos biológicos que le permitan a los ciudadanos gozar de bienestar integral y el goce pleno de sus facultades en la sociedad. En cambio, Seguro Social como el que tenemos en Nicaragua, es más restringido, ya que se limita a programas orientados a un sector de la población que es el trabajador que cotiza al INSS y sus dependientes, en los riesgos de enfermedad-maternidad, accidentes de trabajo y riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte.
En el aspecto operativo financiero, el Seguro Social nicaragüense es de Reparto Simple o sea que capta un dinero bien identificado y lo transfiere en servicios a su propia población. El INSS se financia tomando como base un porcentaje del salario de los trabajadores en el que éstos aportan el 6.25 por ciento, el empleador el 15 por ciento y el Estado el 0.25 por ciento, para un total del 21.50 por ciento. Tradicionalmente el Estado no tiene capacidad de dar su aporte, así que prácticamente el INSS sólo se financia con la participación de trabajadores y empleadores. Con estos aportes, el INSS le garantiza a sus asegurados los beneficios arriba mencionados. Así que la extensión y profundidad de los servicios que entrega va a estar en íntima relación con el dinero que percibe. Así que ojo señores diputados y sus “expertos”, no se les ocurra hacer demagogia promulgando una ley sin los debidos estudios actuariales que les permita tener un instrumento que sirva para evaluar el comportamiento periódico de los ingresos, flujos de fondos, obligaciones y pagos.
Debo advertir esto, porque en los medios televisivos he escuchado y en el diario LA PRENSA leí el titular: “Experto optimista con reformas al Seguro”, en el que indicaba cosas increíbles, como la obligación del INSS de dar todos sus beneficios sociales a los trabajadores de empleadores morosos o que por un error no cumplen con afiliarlos; la extensión del derecho de los trabajadores cesantes en cuanto a atención médica y subsidio durante 14 semanas y otros derechos a la trabajadora embarazada. También, el INSS está considerando la cobertura etaria hasta los doce años de edad y la atención a jubilados con coberturas de salud similares a los asegurados activos. Sin embargo, nada se dice de la cobertura integral y total de su principal actor que es el trabajador que es el que paga al INSS.
No dudo que cualquier beneficio agregado a los asegurados, beneficiarios y jubilados es una meta ideal aunque casi utópica en las circunstancias actuales y sólo se puede apreciar su factibilidad siempre y cuando se haga con los soportes de los estudios actuariales respectivos, que indiquen sus posibilidades a corto, mediano y largo plazo. Cualquier otro intento improvisado pone en riesgo la estabilidad del INSS o ¿acaso los señores diputados van a recurrir a lo más fácil, que es incluir en la nueva ley un incremento en las tasas de cotizaciones para los trabajadores y empleadores?
Ninguna reforma es perfecta, tampoco debe hacerse si no es integral y haya una interacción franca y honesta entre todos los actores principales del sector salud. No es tan fácil la cosa.
Es indudable que con la actual administración de la licenciada Edda Callejas, las finanzas se han manejado con transparencia, pero esto debe ir complementado con propuestas para definir técnicamente qué es lo mejor para los asegurados y el mismo Seguro Social. Deben producirse cambios en las estrategias en el área de la salud que no vemos y tampoco son resorte de la improvisación.
El autor es graduado en Administración en Salud y Seguridad Social.
