Néstor Avendaño*
Roman, Times, serif»>Opinión económica
La economía de Nicaragua en 2005
Néstor Avendaño*
Un modesto crecimiento económico y un empeño gubernamental para reducir el déficit fiscal y culminar el proceso de reestructuración de la deuda externa con los países que no son miembros del Club de París y con la banca comercial internacional son los principales objetivos económicos de Nicaragua en este año.
Con el pronóstico de una tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios de un tres por ciento para el 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) Nominal, o en precios corrientes, alcanzaría un monto de US$4,660 millones, mientras la población total del país tiende a aumentar, con un ritmo anual de 2.0%, hasta 5,483.4 miles de habitantes, radicando el 59% en zonas urbanas y el 41% en el área rural. Por lo tanto, el PIB Real per cápita crece 1% y su valor nominal se proyecta en el nivel de US$850.
Con ese desempeño productivo y con un precio internacional promedio anual del petróleo alrededor de US$40 el barril (de 159 litros), la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor Nacional se ubica en el nivel de 7.5%, la tasa de desempleo abierto se estima en 12.0% y la tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo que afecta aproximadamente al 37% de la población económicamente activa) se sitúa en un límite de 16.1%. En otras palabras, 610,00 personas no generarán ingresos en el 2005.
En el mercado cambiario oficial la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio se mantendrá en 5%, de tal forma que el precio del dólar estadounidense en el mercado oficial arribará a C$17.15 el 31 de diciembre del 2005, y su valor promedio anual será de C$16.73.
Aún con la caída de 400,000 quintales en la cosecha de café en el actual ciclo agrícola, que implicará una disminución de, al menos, US$35 millones en el valor de las exportaciones de este producto en el 2005, el valor de las exportaciones domésticas y el valor neto generado por la maquila de las empresas de zonas francas crece 4%, mientras que el la de las importaciones de bienes CIF aumenta 7%. Con esas tendencias del comercio exterior, Nicaragua exportará US$935 millones e importará US$2,295 millones, implicando un déficit comercial del 29% del PIB.
Excluyendo la cooperación “contable” de US$262 millones asociada con el alivio total de la deuda externa y el préstamo del FMI por US$39 millones, que serían asignados “exclusivamente” al fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales de la banca central, el flujo efectivo de recursos externos que ingresará al país en este año se aproxima a US$415 millones, de los cuales el 65% corresponde a préstamos y el 35% a donaciones y, por otro lado, el 82% está “atado” a programas y proyectos del sector público y el 18%, a divisas líquidas de libre disponibilidad o para apoyo de la balanza de pagos, o sea para aumentar reservas internacionales oficiales, pagar deuda externa y satisfacer la demanda de importaciones del sector privado. Por su parte, la inversión extranjera directa tiende a mantenerse en niveles cercanos a US$160 millones anuales, mientras que las remesas familiares, con un monto anual aproximado a US$850 millones, constituirán la principal fuente de financiamiento de la brecha externa.
El pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa, suponiendo que el gobierno concluya la reestructuración con los “Términos de Colonia”, se estima en US$83 millones, que representan el 2% del PIB y el 11% del valor de las exportaciones domésticas, pero Nicaragua tendrá que emprender la reducción de, al menos US$1,520 millones del saldo de la deuda con países que no son miembros del Club de París, entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras, Irán y Argelia. Sobre estos supuestos, el saldo de la deuda externa al final del año sería de US$4,185 millones, equivalentes al 90% del valor del PIB esperado en el año.
El perfil de la política fiscal y de la política monetaria en el último año del primer Programa “PRGF” del FMI en Nicaragua es más de lo mismo. Eliminar exoneraciones y aplicar la ley en el cobro de impuestos directos es preferible que continuar implementando reformas tributarias, que reducen el ahorro interno y ahuyentan a la inversión. Las metas fiscales se concentran en aumentar el ahorro presupuestario y reducir el déficit fiscal. El Gobierno Central, con una carga tributaria cercana al 16% del PIB y con un total de gastos que se aproxima al 20% del PIB, tiende a reducir el déficit fiscal a un nivel del 3% del PIB. Sin embargo, el creciente peso de la deuda pública interna, que sumaba US$3,370 millones equivalentes a 80% del PIB a finales de 2004, continuará obstaculizando las respuestas gubernamentales a las necesidades sociales más sentidas de la población en los campos de la educación, la salud, el saneamiento ambiental, el suministro de agua potable o de agua mejorada y la construcción de viviendas de interés social.
Con la presencia del dólar estadounidense en el 70% de los depósitos totales y el 85% de la cartera de préstamos del sistema financiero, la base monetaria del país, en córdobas, tiende a crecer un 11% en el 2005. El saldo del crédito al sector privado ha mostrado un mayor crecimiento que el de la producción en precios corrientes debido a que el 67% de la cartera de préstamos del sistema financiero nacional se concentra en crédito para el consumo, créditos personales, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito. Es muy probable que las tasas de interés activas asociadas con el córdoba aumenten levemente, alrededor de 1.5 puntos porcentuales respecto a sus niveles observados a finales del 2004 (que fueron los siguientes: tasa activa de corto plazo, 12.54%; tasa activa de largo plazo, 19.13%, y tasa pasiva para depósitos de 1 mes de plazo 4.48%).
Logrado el Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa HIPC y concluidas las elecciones municipales, la Asamblea Nacional reemprenderá la discusión de varias reformas estructurales del sector público programadas para el 2004, por lo cual el Fondo Monetario Internacional no entregó el último tramo de US$17 millones asociado con su préstamo US$59 millones para ese mismo año.
Entre esas reformas pendientes se destacan la aprobación del código tributario, que normará las obligaciones de los contribuyentes y de los cobradores de impuestos; la reforma de pensiones de la seguridad social, que en su nueva versión debe identificar su costo de transición; el proceso de descentralización de la responsabilidad del gasto asociado con la Ley de Transferencias Municipales, con una plena fiscalidad neutral a ser alcanzada en el 2007; continuar la implementación de la Ley de Servicio Civil y concluirla en el 2007; aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que determina los techos (en porcentajes del PIB) de variables fiscales clave, como el déficit público y la deuda pública, introducirá la práctica de presupuestos multianuales y creará un fondo de estabilización fiscal para evitar serios ajustes fiscales y promover el ahorro público; y aprobar la Ley de Administración Fiscal, que busca mejorar, coordinar y regular los sistemas de administración pública, los ingresos y el crédito del sector público, y armonizará la metodología del presupuesto en los diferentes niveles del sector público.
En cuanto a las reformas estructurales del sistema financiero se continuarán fortaleciendo las normas prudenciales e implementando nuevos procedimientos administrativos y técnicos in situ, de acuerdo con los Principios de Basilea, y se aprobará una protección legal adecuada a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central de Nicaragua. Entre las acciones de corto y mediano plazo se pretende recapitalizar al Banco Central de Nicaragua y mejorar la coordinación fiscal-monetaria. En el área de gobernabilidad, se prevé el inicio de la implementación de la reforma integral del Poder Judicial (en junio del 2004, no se cumplió la aprobación de un plan de acción detallado de la reforma judicial).
Con la nueva edición de diálogo nacional a inicios del 2005, es muy probable esperar una mejor gobernabilidad, un mayor fortalecimiento institucional y una posición de nación para reducir la pobreza humana del país. Ojalá que en este año haya menos tensiones en los poderes públicos. El Consejo Supremo Electoral debe ser renovado por causa del término de su mandato. El Poder Judicial empezará a aplicar la Ley de Carrera Judicial, lo cual introduce una cuota de distensión. La Asamblea Nacional también nombrará nuevos contralores. La controversia pública variará de intensidad dependiendo de quiénes sean electos para ocupar esos cargos. Si se eligen reconocidas personalidades partidarias tendremos críticas acentuadas, pero si no son figuras partidistas posiblemente la crítica sea menor.
* El autor es economista
