- Procurador Alberto Novoa pelea para no devolver la Cementera
José Adán Silva
La Procuraduría General de la República inició ayer acciones judiciales en contra de miembros de la familia Somoza que reclaman la devolución de la empresa Cementera Canal.
El Procurador General Alberto Novoa anunció ayer en conferencia de prensa que nombró al procurador Humberto Cortez Bustos, para que abriera un juicio civil pidiendo la nulidad de la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, la cual ordenó regresar a miembros de la familia Somoza la Compañía Nacional Productora de Cemento Canal Sociedad Anónima, la cual fue intervenida por el Gobierno sandinista en 1980, pero que se encuentra rentada por 25 años a la empresa Cementos de México (Cemex).
Ayer mismo después de la conferencia, el procurador Cortez interpuso la acción civil en el Juzgado Quinto de Distrito Civil, contra Isabel Urcuyo de Somoza, quien en representación de accionistas de la fenecida empresa gestionó las acciones contra el Estado de Nicaragua para recuperar la propiedad que le fue confiscada por los sandinistas.
El procurador Novoa afirmó que las acciones judiciales impulsadas por la señora Urcuyo de Somoza estuvieron precedidas por irregularidades tanto de la parte reclamante, como por las acciones de Yelba Aguilera, quien llevó el caso en el Juzgado Primero de Distrito Civil.
El principal argumento de Novoa, entre otros, es que ninguna institución ha derogado el Decreto Tres, de 1979, que ordenó que todos los bienes, derechos y acciones de la dinastía Somoza pasaban a ser confiscados por el Estado.
“El decreto está vigente, los bienes de los Somoza siguen confiscados”, dijo Novoa.