- Novoa reconoce el derecho de quienes reclaman el edificio de la PGR
José Adán Silva
Dos años, máximo, y la Procuraduría General de la República (PGR) deberá buscar un lugar donde poder trabajar, porque el edificio que ocupa tendrá que ser regresado a sus antiguos dueños.
Así lo confirmó ayer el procurador Alberto Novoa, quien reconoció que los antiguos dueños del edificio, a pesar que debían una deuda con la banca nicaragüense, son los dueños legales del inmueble.
Los dueños originales del edificio son los socios de una corporación comercial denominada Oficosa, quienes gestionaron ante los juzgados la recuperación del bien, sin que las autoridades estatales se presentaran a defender la posesión que tenía el Estado sobre el edificio.
De acuerdo con la versión del procurador Novoa, entre 1976 y 1977, los socios de Oficosa adquirieron un préstamo de aproximadamente 4 millones de córdobas con una empresa llamada Inmobiliaria de Ahorro y Préstamo, para la compra del terreno donde más tarde se edificó el Centro Comercial Montoya.
“Luego vino la revolución, los dueños originales de esto no pagaron un solo centavo, y el edificio pasó a ser parte de la banca nacionalizada, del Banco Inmobiliario”, recordó Novoa.
“El banco nunca ejecutó ese crédito, por lo que registralmente esta propiedad pertenece a esa corporación.
“Entonces ellos vieron esa debilidad, fueron al juzgado y le dicen al juez, aquí venimos a pagar la deuda hipotecaria, que eran como siete u ocho millones de córdobas, pero con la tabla de desmonetización, la deuda se redujo aproximadamente a 0.30 centavos de córdobas”, dijo Novoa, quien señaló que al final los socios supuestamente habrían pagado como ocho mil dólares para saldar la deuda.
“Y se quedaron con el edificio; ahora quieren que les devolvamos el edificio, la posesión, pero ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Les estamos diciendo que hay un montón de plata invertida por la Comunidad Internacional, que nos den el tiempo necesario, al menos dos años, pero así como está no podemos entregárselo”, reconoció Novoa, quien aclaró que la gestión judicial de los socios del edificio se realizó desde hace años, sin que las autoridades estatales se presentaran a defender el bien inmueble.
Novoa agregó: “Ellos piden que desocupemos, nosotros le decimos que no tenemos dónde ir, pero yo estoy para cumplir la ley, pero también estoy para proteger las inversiones que se hicieron a las instituciones del Estado”, dijo Novoa. El procurador dijo que al final el Estado terminará acatando la decisión judicial en fecha aproximada a abril del 2007.
“El edificio nunca pasó legalmente al Estado de Nicaragua, legalmente no tenemos derecho sobre este edificio, y lo vamos a devolver, aunque no sepamos adonde vamos a ir a parar”, dijo el procurador Novoa.
