Ondina Olivas [email protected]
Falta voluntad política para cumplir con las demandas magisteriales. El Gobierno debería flexibilizarse como en el caso de la banca nacional.
Cuando evoco mi época de escolar me refiero a mis maestros y maestras con profunda admiración y sobre todo con respeto; pues enseñar es algo más que un oficio, una profesión; es sobre todo un apostolado.
Por lo anterior, los actuales acontecimientos de la huelga magisterial no dejan pasar inadvertida la ocasión para reflexionar sobre la lucha que libran por mejores condiciones laborales y un aumento salarial.
Para quienes observamos escenas de la marcha magisterial del martes 8 de febrero, fue doloroso y vergonzoso ver desmayado a un educador en la grama de las inmediaciones de la Asamblea Nacional, tras una penosa jornada de protesta bajo el inclemente sol de Managua, para demostrar ante las autoridades gubernamentales la justeza de su demanda.
Quiero recordar que en nombre de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza se hicieron muchas promesas e incluso compromisos de que una vez obtenido el perdón de la deuda, éste se orientaría para gastos sociales, es decir fundamentalmente en Educación y Salud.
Bien, llegamos al punto de culminación pero ahora no pueden destinarse fondos para elevar el salario de los maestros (aumento congruente con el valor de la canasta básica), pues se argumenta que producto del déficit se incurriría en un incumplimiento de los compromisos con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual a su vez incidiría en los flujos de la cooperación internacional. Sin embargo, el Gobierno y el Fondo de forma complaciente dieron muestras de una enorme flexibilidad con la Banca Nacional al honrar la deuda pública interna la que consume un 25 por ciento de los ingresos tributarios del país, con fondos que originalmente estuvieron prometidos para aliviar la pobreza.
Expertos en materia fiscal y tributaria han señalado en reiteradas ocasiones numerosas alternativas viables para responder a las demandas del magisterio nacional, sin que ello signifique en modo alguno la creación o aumento de impuestos.
Es decir, la correcta aplicación de la Ley de Equidad Fiscal, el ingreso al Presupuesto de las entradas que perciben algunos ministerios por servicios al público, la publicación de las exoneraciones, la revisión de las exenciones que gozan las zonas francas y la regulación o recortes de los presupuestos para obras sociales de los diputados y otros funcionarios gubernamentales; así como la regulación de los estratosféricos salarios del sector público, son entre otras, medidas posibles y saludables que deberían tomarse para la bienandanza económica y social de nuestro país.
Con meridiana claridad observamos entonces que el problema no es solamente de recursos, sino más bien de voluntad política de los actores involucrados; es decir del Gobierno y la clase política dominante para hacer justicia al magisterio nacional.
Resulta preocupante que viviendo en un supuesto Estado de Derecho expresemos lástima y compasión por la situación del magisterio nacional. Ellos no sólo merecen el reconocimiento de la sociedad entera sino que a sus demandas se responda ejecutando un acto de justicia y de derecho.
Me pregunto: ¿En qué país vivimos cuando el recién electo Procurador de Derechos Humanos, en una entrevista televisada expresa su pena por los “pobrecitos maestros” y señala que “es cosa fea” retener los salarios a ese escarnecido gremio de profesionales? Y es que, estimados lectores, las realidades dependen mucho de donde nos encontremos y seguramente con un salario de 71 mil córdobas (setenta y un mil) al mes que devenga un ministro de la administración Bolaños (ver entrevista con el Ministro de Hacienda: “Tendré consideración especial por los pobres, LA PRENSA, 5 de enero del 2005), difícilmente se puede tener dimensión de la realidad de los que sobreviven con apenas 15 córdobas al día.
De continuar por estos derroteros, Educación y Salud seguirán siendo asignaturas pendientes que dejan lastimosamente al descubierto el talón de Aquiles de la sociedad nicaragüense, pues con la apatía gubernamental, la depredación de la tecnocracia y de los políticos están confiscadas nuestras verdaderas perspectivas de competitividad.
La autora es periodista
