Johnny Cajina Guillén
Decenas de trabajadores despedidos masivamente de la Alcaldía de San Rafael del Sur, solicitaron ayer el apoyo de las instituciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, ante las que denunciaron una serie de violaciones a las leyes laborales supuestamente cometidas por la nueva administración liberal.
“Demandamos que el alcalde Santiago Ruiz Molina se apegue a derecho. Existe un procedimiento establecido por el convenio colectivo y el Código del Trabajo. Los despidos masivos tienen que hacerse a través de la Inspectoría General del Trabajo y demostrar que los trabajadores son supernumerarios”, aseguró Domingo Pérez, secretario general de la Unión Nacional de Empleados (UNE), que ayer acompañó a los 86 cesanteados que visitaron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los afectados, que fueron despedidos el pasado uno de febrero, tan sólo una semana después que Ruiz Molina asumiera su cargo, demandaron el reintegro a sus puestos de trabajo, mientras que cerca de una veintena de trabajadores de confianza esperan aún por su indemnización.
LA PRENSA intentó obtener ayer la versión del alcalde Ruiz Molina, sin embargo, nadie respondió al teléfono de la municipalidad de San Rafael del Sur.
VARIADAS EXCUSAS
No obstante, en la última entrevista concedida días atrás a LA PRENSA, el edil se mantuvo firme en su decisión e insistió en que la mayor parte de los despedidos era “personal supernumerario” contratado por la anterior administración.
Otro tanto, dijo Ruiz Molina, era de la “confianza” del alcalde saliente, Noel Cerda, y consideró como personal de confianza incluso hasta la recepcionista de la municipalidad.
Cuando se le preguntó por una veintena de empleados corridos que recién habían sido capacitados por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el alcalde aseguró que en la Alcaldía de San Rafael del Sur nunca existió tal personal calificado.
