Margine Quintanilla*
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El irrenunciable derecho a la educación
Margine Quintanilla*
En Nicaragua el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses, sin distingo de raza, sexo o edad. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La educación secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido de ninguna forma de un centro estatal por razones económicas, dice el artículo 121 del Título VII, Educación y Cultura, de la Constitución Política de Nicaragua.
Los medios de comunicación en Nicaragua han hecho eco de muchas denuncias de parte de padres de familia a quienes se les ha obligado a pagar por la inscripción de sus hijos en colegios públicos de Managua o de los departamentos del país, lo que violenta tanto el precepto constitucional como el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la cual es obligatoria.
Los padres o madres de familia de acuerdo con la Ley, no están obligados a brindar una contribución económica para que sus hijos puedan estudiar en un colegio público, porque es obligación del Gobierno garantizar este derecho. Así lo afirma el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “además de afirmar que toda persona tiene derecho a la educación, ésta debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana”.
La educación nuestra se fundamenta en nuestros valores nacionales; en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
Nuestra Constitución establece que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho, en su región, a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo con la Ley.
Hace siglos, la educación era un privilegio de las personas más ricas que vivían en los países más desarrollados, sobre todo en Europa. Un ejemplo de ello es que las mujeres y los esclavos, bajo ninguna excusa podían reclamar este bien. Para que la educación fuera un derecho, muchas personas tuvieron que ofrendar su propia sangre, su vida y quizás no para poder estudiar ellos sino sus hijos porque para ellos ya era demasiado tarde.
Hoy en día existen muchos instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales que exigen la educación gratuita, pero aunque la máxima Ley del país, la Constitución Política de la República de Nicaragua, dedica a este tema un capítulo único, en la práctica de nada sirve que existan mil documentos que aseguren este derecho si los nicaragüenses no nos apropiamos de él, luchando para que nadie los violente, utilizando el arma más importante: la denuncia pública.
El secreto del desarrollo de un país es la educación, en nuestras manos está asegurar que Nicaragua sea próspero o enterrarlo en la pobreza y la violencia fruto de la ignorancia.
* La autora es divulgadora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
