- Nunca hizo una investigación oficial, como prometió el Fiscal General
Mirna Velásquez Sevilla
La promesa de la Fiscalía de profundizar las investigaciones sobre la muerte de la periodista María José Bravo, corresponsal de los diarios LA PRENSA y Hoy, no se materializó, y después de 69 días no hay ni un nuevo aporte a las investigaciones policiales, según se desprende de una exposición del caso realizada ayer por el Ministerio Público.
Desde noviembre pasado, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, anunció la formación de una comisión especial integrada por expertos del Ministerio Público, para profundizar las investigaciones sobre la muerte de la joven periodista. El equipo fue enviado al municipio de Juigalpa, Chontales, pero hasta hoy no hubo resultados.
Mario Orozco Scott, abogado acusador particular, expresó que la Fiscalía nunca ha hecho una investigación autónoma ni ha continuado con las pesquisas que hizo la Policía Nacional, sino que “se ha montado sobre la investigación policial”.
“Después que se interpuso la acusación por parte del Ministerio Público el día 11 de noviembre del año 2004, (la Fiscalía) no ha aparecido con ni un solo elemento distinto”, apuntó Orozco.
Según la exposición realizada por el fiscal Maylor García, designado para llevar la acusación, la Fiscalía no pudo determinar el móvil del crimen, una de las razones por las que no pudieron encajar los hechos en el delito de asesinato.
PERIODISTAS PIDEN CAMBIAR TIPIFICACIÓN
El fiscal García hizo un recuento cronológico del caso, durante una reunión en la que participaron representantes del gremio periodístico, entre ellos el Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal; el jefe de Redacción del mismo Diario, Eduardo Enríquez; el presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Mario Fulvio Espinoza; funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el procurador Carlos Emilio López y el fiscal general Julio Centeno Gómez, entre otros.
En la reunión los periodistas solicitaron al fiscal Centeno Gómez variar el delito de homicidio por asesinato, argumentando que los hechos ocurridos el día de la muerte de la periodista reúnen elementos típicos del asesinato.
El Código Penal establece una pena de 6 a 14 años de presidio por el delito de homicidio, en cambio por asesinato la pena se extiende de 15 a 30 años de presidio.
ARGUMENTO DEL A FISCALÍA
Las explicaciones dadas por la Fiscalía se centran en que no se logró identificar la alevosía y premeditación, dos circunstancias que deben reunirse para calificar los hechos como asesinato.
Sobre este punto, el abogado acusador Mario Orozco discrepó de la Fiscalía y aseguró contar con seis testigos que demostrarán este tipo penal.
“Para mí es constitutivo de alevosía que se haya disparado desde dentro de un bolso, porque está pretendiendo la impunidad desde que mete la mano y el revólver dentro de un bolso, el cual se envuelve dentro de ropa con el objetivo de utilizarla como un silenciador”, expuso Orozco.
“Para mí es constitutivo de alevosía el hecho de que le dio persecución primero a María José, y tengo un testigo de eso”, agregó.
Bravo murió de un disparo en el tórax, realizado por el ex alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández González, el 9 de noviembre del año pasado.
INVESTIGACIONES CONTINUARÁN
El fiscal Julio Centeno Gómez expresó que seguirán las investigaciones “hasta donde sea posible” y, si en el momento preciso el Ministerio Público encuentra el fundamento legal para apoyar su objetividad y su legalidad, cambiará la calificación del hecho.
Orozco, el abogado de la familia de María José, aportaría a la Fiscalía los elementos con que cuenta para unificar criterios y consolidar la acusación.
“Nosotros seguiremos profundizando esto, actuando de la manera más objetiva y más legal para hacer efectivo y dar una respuesta positiva a la sociedad y a los familiares de la víctima”, indicó Centeno.
El Procurador Especial de la Niñez y Adolescencia, Carlos Emilio López, destacó que en este caso también es víctima el hijo de María José Bravo y pidió a la Fiscalía que cumpla su papel de representar a la víctima y a la sociedad y hacer una acusación técnica y beligerante.
MÓVIL POLÍTICO
Los apuntes en una libreta de la periodista María José Bravo, han dado pistas al abogado Mario Orozco, que le hacen suponer que el móvil del crimen fue originado por una investigación sobre los resultados electorales en Santo Tomás, Chontales, donde supuestamente le sustraían los votos al partido Apre y se los cedían al PLC.
