- Recientemente habían realizado una protesta en contra del judicial que ordenó su desalojo
Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/RIVAS
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Desalojan a campesinos de playa Gigante
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Recientemente habían realizado una protesta en contra del judicial que ordenó su desalojo |
Noelia Sánchez Ricarte
CORRESPONSAL/RIVAS
Sorpresivamente más de 150 campesinos que se encontraban desde hace tres meses en la costa de Gigante, en la zona conocida como Amarillo, fueron desalojados la madrugada del viernes por una batería de policías, a petición del juez de Tola, Melvin Vargas, quien resolvió que éstos perturban la posesión de esta propiedad.
El jefe de la Policía de Rivas, comisionado mayor Denis Pérez, indicó que en efecto recibieron un oficio del juez local de Tola de desalojar “porque estaban perturbando (los campesinos) una propiedad del señor Bayardo Argüello, la hacienda Güiscoyol”.
EXCESIVA FUERZA POLICIAL
Unos cien uniformados llegaron a la zona y capturaron “preventivamente” a 35 pobladores a los que trasladaron hacia la unidad policial de Tola con el objetivo de obtener sus datos generales, luego serían puestos en libertad.
Algunos abogados refirieron que hubo una excesiva fuerza policial y que algunos pobladores resultaron con lesiones.
¿Por qué tanta fuerza policial? se le preguntó al comisionado mayor Pérez, a lo que respondió que “teníamos información de que habían 250 personas en el lugar, también que tenían dos AK y dos escopetas”.
LA PROTESTA
Esta medida de desalojo se da justamente días después que más de 200 pobladores del municipio de Tola reclamaran frente a la sede judicial de este municipio por la apertura de caminos hacia las costas, en este caso hacia Amarillo.
Los pobladores acusaron al juez Vargas y a otra judicial de Rivas de estar parcializados a favor de un inversionista de nombre Bayardo Argüello.
Estos ciudadanos, junto a los que se encontraban en la costa, reclamaron el lunes pasado porque según ellos nunca han tenido una resolución judicial a su favor, en lo referido a la apertura de caminos hacia la costa que históricamente han sido públicos.
Y aunque ya no hay nadie en el lugar desalojado “prevemos que regresen porque ellos están empeñados bajo la figura de reclamar una servidumbre de paso hacia la playa, otros dicen que hay un remanente de 75 manzanas, que se está viendo por la vía policial, pero si recibimos un segundo oficio del juez los reincidentes tendrán que ser procesados porque prácticamente es un desacato”, concluyó Pérez.
¿TENDRÁ SOLUCIÓN?
El desalojo a 150 campesinos que se encontraban desde hace tres meses en la costa de Gigante es una de las últimas acciones judiciales de una cadena que comenzó hace ya varios años. Por la zona de Amarillo, específicamente por el famoso cerco cerrado, han desfilado montones de autoridades sin que hasta la fecha haya una resolución clara.
Hace como tres años, los pobladores vecinos de ese lugar denunciaron que inesperadamente habían cerrado un camino de acceso público que por años había estado libre.
Jefes policiales, delegados de instituciones, Procuraduría, la Oficina de Titulación Rural (OTR), Secretaría de Gobierno, miembros de la Alcaldía de Tola y hasta el mismo juez Melvin Vargas recorrieron ese lugar en diversos momentos en busca de una solución, pero hasta ahora nadie ha dado la razón a los pobladores, pues el cerco continúa obstruyendo el paso.
