Jorge Loáisiga Mayorga y Ludwin Loáisiga
Los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CSCGR) recurrieron de amparo contra los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) “por sentirse agraviados” y considerar que éstos violaron derechos constitucionales, al ordenar la suspensión de una resolución de la Contraloría.
El contralor Guillermo Argüello Poessy explicó que el amparo está dirigido contra la disposición de la CCJ, que pide a la Asamblea Nacional no dar trámites a la destitución del Presidente de la República “solicitada por la Contraloría ante la desobediencia del mandatario”.
Los contralores piden que se admita el recurso, se suspenda el acto ordenado por la CCJ por ser notoria la falta de jurisdicción o competencia para dictar la medida cautelar que ordena suspender el procedimiento para conocer por parte de la Asamblea Nacional la resolución de la Contraloría.
“Que ante la resolución dictada por la Corte Centroamericana de Justicia que resolvió la precitada medida cautelar y siendo que no se ha agotado la jurisdicción nacional, por cuanto el Presidente de la República de Nicaragua, ingeniero Bolaños Geyer, introdujo, por los mismos hechos recurridos, un recurso innominado ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que está pendiente de tramitarse ante ese alto tribunal, lo resuelto por la Corte Centroamericana de Justicia viene a ser totalmente improcedente…”, señala el escrito presentado por los contralores.
“La resolución de la Corte Centroamericana de Justicia me causa agravio directo por cuanto con ella los integrantes de ese cuerpo supranacional pretenden desconocer las atribuciones y facultades conferidas a este órgano superior de control por la propia Carta Fundamental de la nación (la Constitución)”, agrega uno de los párrafos del recurso.
CASO SUI GENERIS
El magistrado de la Sala Civil Dos, del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Rodríguez, recibió el recurso de los contralores y dijo que el caso es “sui generis”, porque es la primera vez que se conoce un recurso contra la resolución de un órgano supranacional.
“Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la Ley de Amparo. Vamos a estudiar detenidamente el caso y tenemos tres días, según manda la ley, para determinar si procede o no procede el acto, si llena los requisitos formales y determinar si mandamos o no a suspender el acto recurrido”, explicó Rodríguez.
La CCJ se pronunció recientemente luego de que el presidente Enrique Bolaños recurriera a la misma, al considerar su mandato constitucional amenazado debido a unas Reformas a la Constitución Política que han acordado las fuerzas liberales y sandinistas. Al mismo tiempo, un proceso judicial por presuntos delitos electorales ha sido otra amenaza.
RIZO NO SE AMPARA
José Rizo decidió no acudir de amparo a los tribunales de justicia en contra del presidente Enrique Bolaños por suprimirle distintos proyectos a la Vicepresidencia de la República.
El pasado 21 de diciembre, el Presidente firmó dos decretos en los que restó a la Vicepresidencia el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt) y el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), los cuales fueron traspasados al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el Ministerio de Gobernación, respectivamente. Según Rizo, no interpuso el recurso para “conservar la tranquilidad” en el país, alcanzada tras el llamado Acuerdo por el Diálogo Nacional.
