- Estado perjudicado con un cuarto de millón de dólares
Mirna Velásquez Sevilla
Cuatro ex funcionarios de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), entre ellos el ex presidente de esa empresa Jorge Solís Farias, fueron acusados por la Fiscalía por supuesto fraude al Estado mediante procedimientos irregulares en el proceso de licitación de cables para teléfono.
Solís Farias junto a Hermes Agustín Gurdián Alfaro, Silvio Argüello Herdocia y Otto Mejía, supuestamente perjudicaron al Estado beneficiando a la empresa comercial Delgado Mejía (DMSA) representada por Otto Mejía Chavarría, para asignarle en procedimiento de licitación privada durante 1999 tres concesiones para la adquisición de 3,200 kilómetros de cables para teléfonos, entre 1999 y 2000.
“Las concesiones otorgadas y aprobadas por los acusados Gurdián Alfaro y Argüello Herdocia a favor del acusado Otto Mejía Chavarría no cumplían con los procedimientos de licitación vigente en esa fecha, por cuanto el monto económico superaba lo estipulado por la ley para que procediera una licitación privada obviando el procedimiento de licitación pública”, refiere la acusación.
Señala además que se originaron tres órdenes de compra por 200, 1,700 y 1,300 kilómetros de cable en las fechas 6 de junio, 27 de septiembre y 29 de octubre de 1999, respectivamente.
Todas fueron aprobadas por el ex director administrativo de Enitel, Silvio Argüello Herdocia, con la autorización de Solís Farias.
POR DELITOS DEFRAUDE Y ESTAFA
La acusación también recoge que los acusados pagaron anticipadamente a la empresa DMSA la suma de US$251,910 equivalentes a más de tres millones de córdobas, según el cambio oficial vigente a la fecha.
La acusación fue introducida el 12 de enero pasado, a pesar de que la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional envió a la Fiscalía el resultado de las investigaciones desde el 5 de octubre del 2004.
Según las investigaciones policiales, de los 3,200 kilómetros de cables contratados la empresa DMSA sólo entregó 899, quedando una diferencia de 2,301 kilómetros no entregados, pero sí pagados, lo cual constituye delitos de fraude y estafa.
El Juez Sétimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, citó a los procesados para realizar una audiencia inicial el lunes próximo a las 10:00 a.m., cuando se decidirá si se admite o no la acusación.
