Emilio Álvarez Montalván
Es un documento que afianza, por ahora, la gobernabilidad y estabilidad del país aunque su implementación tendrá dificultades porque contiene términos imprecisos y aún confusos que deberán aclarar las partes o en su caso, los testigos. Elemento fundamental en lograr el acuerdo fue los buenos oficios del PNUD a través del ex senador uruguayo Manuel Flores, asesor de aquel organismo y experto en negociaciones políticas. Ello confirmó que el proceso de globalización nos incluye, pues tanto el Banco Mundial como el FMI tiene estrechas vinculaciones con Naciones Unidas y son esenciales para financiar la ayuda que recibimos. Esa presencia ratifica también que los intermediarios para ser eficaces, deben disponer de “capacidad disuasiva”. Ello explica que en el texto del comunicado figure el compromiso clave de los signatarios, que el Presupuesto Nacional debe aprobarse “en el marco de la estabilidad macroeconómica”, una condición sostenida por el presidente Bolaños.
Además, como lo declaró uno de los presentes en las “idas y venidas” del proceso de negociación, éste duró por lo menos dos semanas y su interpretación y ejecución a través del Diálogo Nacional, me imagino necesitará mucho tiempo más. En todo caso, se logró la demanda principal del Gobierno y la sociedad civil, o sea, que las reformas a la Carta Magna deben consensuarse , y los poderes del Estado permanecer equilibrados para no romper la espina dorsal de un régimen democrático. Concepto apropiado, muy lejos del carácter “hegemónico” que pretendía dar la cohorte de los caudillos a la Asamblea Nacional.
Es indudable que al despejar el Convenio el ambiente de tensión e inseguridad en que estaba sumergido el país volvió la confianza a los ahorrantes e inversionistas, lo mismo que a la comunidad donante. Es cierto que estuvimos al borde de un abismo insondable y cuyo desenlace fatal se evitó sin la intervención de la OEA, el Ejército y de EE.UU., lo cual refleja madurez de los dialogantes.
Sin embargo , a partir del acápite 6 del Acuerdo las promesas se vuelven imprecisas, casi sibilinas. Debieron haberse comprometido las partes a establecer por consenso la profesionalización de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral y Contraloría General de la República y la manera de seleccionar a esos funcionarios, lo mismo que institucionalizar la democracia interna de los partidos y fijar las normas de su financiamiento. Me refiero a que no basta incluirlos como temas a discutir en el Diálogo Nacional. Igual actitud debieron asumir respecto al Arto. 68 de las propuestas reformas, que debe eliminarse.
En cuanto al estilo y diseño del documento que analizo, me recuerda la Ley Marco del 13 de junio de l995, un verdadero adefesio legal, una especie de cheque postdatado que al menos sirvió para destrabar un conflicto entre poderes del Estado. Esta versión de ahora es más sofisticada porque si bien autoriza la aprobación en segunda vuelta de las reformas constitucionales, suspende su aplicación hasta que haya consenso entre Gobierno y Asamblea. Lo novedoso es que ni siquiera se fija el texto definitivo sino que éste será determinado por las partes en un futuro indeterminado, o sea que además de postdatado está en blanco su contenido final. Pero en fin ésa es la manera nicaragüense de salir de un apuro, sea como fuere.
Finalmente está ese personaje importantísimo, no mencionado en el documento, que es la sociedad civil. Es básica su presencia autónoma, extendida a toda la República, pues pertenece a otra estrategia y agenda más trascendente que la coyuntura actual. Me refiero a que el propósito de esta movilización de la sociedad civil, pacífica, es construir una fuerza política responsable e informada con gran conciencia de sus derechos, convertida en alternativa al caudillismo cimarrón que ha inspirado nuestra forma de gobernarnos. Necesitamos penetrarnos del poder que tiene esa sociedad civil para influir sobre los destinos del país, lo que sólo lograremos construyendo una fuerza alternativa a las nuevas paralelas.
El autor es analista político
