- Magistrados no admitirán la petición de Bolaños para evitar devolución de la fábrica de cemento a la familia Somoza
Mirna Velásquez Sevilla
El recurso legal que le quedaba al Ejecutivo para intentar revertir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena al Gobierno devolver la Cementera Nacional a sus antiguos dueños, fue descartado ayer por el magistrado Rafael Solís, quien adelantó que será rechazado por la Sala Constitucional.
En una reunión de la Sala realizada ayer, los magistrados acordaron emitir una resolución el miércoles próximo respecto al caso. No obstante, el magistrado Solís anunció que la opinión de los magistrados gira a favor de la no admisión del recurso presentado por el presidente Enrique Bolaños.
“Ya hubo consenso en cuanto a que no cabía el recurso innominado”, aseguró Solís.
El presidente Bolaños introdujo un recurso innominado mediante el cual solicita se le aclare la resolución que ordena la devolución puesto que hay contradicciones con la Ley aprobada el 29 de junio del 2000 en la Asamblea Nacional, que manda a arrendar la Cementera por un período máximo de 25 años.
“Lo que la Sala consideró era que lo que cabía era un recurso de aclaración dentro de las 24 horas, antes que un recurso innominado. Y eso no se hizo por parte del Gobierno”, indicó el magistrado Solís, miembro de la Sala Constitucional.
“La realidad es que se notificó el 22 de diciembre, tenían hasta el 23 para meter el recurso y lo metieron el 28, es decir cinco días después de vencido el plazo. En eso, el Gobierno o de hecho quiere proceder después a la devolución o se equivocaron jurídicamente”, dijo.
Explicó que el Gobierno deberá tomar una decisión al respecto y determinar si continuará el juicio civil o devolverá las acciones, pues el criterio de la Sala es que el proceso administrativo que se siguió en este caso es incorrecto porque no se cumplieron los trámites establecidos por la ley.
Si el Estado de Nicaragua accede a la devolución de la Cementera, perdería 60 millones de dólares por incumplimiento de contrato más los activos calculados en unos 40 millones de dólares, según cálculos hechos por el Gobierno.
