Antonio Lacayo
Hace exactamente diez años, al iniciar 1995, la Asamblea Nacional aprobó la primera reforma a la Constitución Política de 1987, dictada por el FSLN, bajo el argumento de que dicha Constitución era excesivamente presidencialista y que había que ajustarla a la nueva situación democrática del país quitándole poderes al Presidente de la República.
Con esa primera reforma se inició el desmantelamiento del Ejecutivo, cuando los diputados de entonces le quitaron a doña Violeta de Chamorro el derecho exclusivo que tenía el Presidente de proponer ternas de candidatos a las magistraturas del Poder Judicial, el Poder Electoral y a la Contraloría del país. A partir de entonces es la Asamblea la que verdaderamente propone y dispone.
Además, se limitó la potestad presidencial de dirigir la economía, haciendo que la Asamblea incursionara en el campo fiscal, lo que ha hecho más difícil el mantenimiento de un programa económico coherente que genere el crecimiento sostenido de la economía.
Cinco años después, los diputados hicieron una segunda reforma, en 1999, esta vez para consolidar el pacto Alemán-Ortega, limitar el pluralismo político, dominar las instituciones y entronizar el bipartidismo hegemónico.
Y ahora, a los diez años, volvemos a escuchar los mismos argumentos del 95, y de nuevo se impulsan reformas para trasladar nuevas funciones a los dos partidos que controlan la Asamblea, y a sus líderes, debilitando aún más las atribuciones del Presidente.
En estos diez años los diputados han querido hacerle creer al pueblo que la solución a los problemas nacionales radica en nuevas leyes y más reformas para asumir ellos mismos, desde la Asamblea Nacional, las funciones propias del Poder Ejecutivo.
Pero, ¿qué efecto han tenido esas reformas? El resultado ha sido la subordinación total de las instituciones a los jefes de los partidos hegemónicos. Lo vimos con meridiana claridad el viernes pasado.
Lo que ha sucedido, incomprensiblemente, es que se le han quitado poderes a la persona que el pueblo elige con su voto personal y directo, el Presidente de la República, y se le ha pasado a diputados que elegimos de listas cerradas escogidas por el dedo de los líderes políticos por los cuales nadie ha dado su voto, con lo que se le ha escamoteado al pueblo su derecho a elegir, y se ha traicionado su soberanía.
De ratificarse en segunda vuelta esta tercera reforma me atrevería a afirmar que no será la vencida. En lugar de haber mejorado las posibilidades del país de generar progreso para sus ciudadanos, las tres reformas han ido formando un Estado incapaz de ser efectivo. Pronto se haría evidente su inoperancia, aumentando su conflictividad.
De ser así, estoy seguro en poco tiempo habrá otra reforma, ojalá la última, pues se hará necesario fundar un nuevo Estado, ágil, coordinado y efectivo.
Doña Violeta gobernó cinco años con la Constitución de 1987, y hoy el pueblo la reconoce como la mejor Presidente que ha tenido el país desde esa fecha. Anterior a ella, Daniel Ortega también gobernó con la misma Constitución, y el pueblo lo tiene como uno de los peores presidentes.
¿Qué significa esto? Las democracias nuevas funcionan y prosperan no por sus leyes, sino por el espíritu democrático y el compromiso patriótico de sus líderes y autoridades.
Si el pueblo elige a un Presidente cada cinco años, y deposita en él su confianza, lo menos que podemos hacer es respetar esa decisión nacional, y darle al Presidente los poderes necesarios para que pueda gobernar sin tanta interferencia de una Asamblea que renunció hace tiempo a ser soberana, y pasó a ser la caja de resonancia de los jefes de los partidos que la controlan.
Por eso hoy, al inicio de un año que definirá mucho el futuro democrático de nuestro país, los diputados deben razonar y, antes de aprobar en segunda legislatura esta tercera reforma, enfrentar con valentía la búsqueda de un consenso de fondo entre todos los Poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, tal como lo demanda la ciudadanía.
De lo contrario, el deterioro estatal podría llevar a los diputados hasta destituir al presidente Bolaños, o a éste a tener que dejar el poder en manos de quienes pretenden manejarlo desde la Asamblea, lo que nos llevaría en meses a una profunda ingobernabilidad mezclada con gran crisis económica de la cual nos costará muchísimo reponernos, y habremos perdido años valiosos.
La crisis de 1995, similar a la de hoy, se salvó cuando se comprendió que lo mejor para el país era el acuerdo entre Ejecutivo y Asamblea, y se pospuso la entrada en vigencia de los cambios en el sistema de gobierno. La Constitución manda que los poderes del Estado trabajen en armonía. Sólo una Constitución que resulte del consenso de poderes traerá progreso y bienestar para Nicaragua.
El autor fue Ministro de la Presidencia de la República
