- En el caso de la periodista asesinada en Chontales
Wilder Pérez R.
A dos meses del asesinato de la periodista María José Bravo, corresponsal de LA PRENSA en Santo Tomás, Chontales, las investigaciones deberían estar prácticamente concluidas, debido a lo sencillo del caso.
Sin embargo, el mismo Ministerio Público y la Policía Nacional están ocultando pruebas claves, denunció la parte acusadora.
Las sospechas de que el Ministerio Público estuviera facilitando las cosas al asesino Eugenio Hernández González, ex alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en El Ayote, Chontales, fueron confirmadas el viernes de esta semana, cuando el abogado acusador, Mario Orozco Scott, recibió una carta del Inspector General de ese ministerio, Miguel Robelo Ramírez, donde justifica la evasión de pruebas.
Ramírez adujo que Orozco debió aportar pruebas distintas a las de la Fiscalía. “Lo hice en la audiencia inicial del 19 de noviembre, por eso es que la señora juez admitió la acusación”, señaló el acusador.
El problema, según el abogado, es que las instituciones nunca facilitaron las pruebas del asesinato, a pesar de lo que dice el Artículo 273 del CPP: “El encargado de la custodia de documentos, objetos y demás elementos de convicción, debe garantizar que éstos estén disponibles para su examen por las partes, desde el momento que cada una de ellas lo ofreció”.
El colmo, según Orozco, es que al denunciar todo eso, la Fiscalía, a través de Ramírez, ratifica que no van a facilitar la información, al mencionar que la tiene que solicitar a la juez.
“Voy a solicitar una audiencia especial donde además voy a comprobar, a través de una prueba lumínica, con un láser, que la teoría de la bala saltarina es una falacia, que aún cuando el arma se hubiera disparado sola y la bala hubiera rebotado con fuerza, María José tenía que medir 1.90 centímetros de altura para pegarle en la frente, pero ella medía 1.60 y el disparo le dio en el pecho”, afirmó el acusador.
OTRO ABSURDO
En cuanto a las investigaciones, la deficiencia o interés creado de ambas entidades, se refleja, a juicio de Orozco, en que dejaron de investigar el caso, lo que además permite que gente como Leslie Ramón Álvarez Centeno, Juana Duarte Blanco, supuestos colaboradores, y el diputado liberal Dámisis Sirias, junto a su esposa Daysi Orozco, aparentes autores intelectuales, estén al margen del caso.
