Mario Ruiz Castillo
En forma reiterada nos enteramos que connotados narcotraficantes, delincuentes conocidos y personas que han cometido delitos, son sacados por los miembros del Poder Judicial bajo el argumento que no existían pruebas, o que éstas fueron mal presentadas o no cumplieron con los requisitos legales que establece el ordenamiento jurídico.
Salen en libertad personas que no deberían, con tecnicismos que en realidad no se adaptan a una sociedad moderna, ya que los jueces no están en la actualidad regidos por la prueba tasada que anteriormente existía y debían observar.
Hoy en día la delincuencia y el cuerpo del delito son analizados por el juzgador en forma amplia sin estar sometidos a un tecnicismo riguroso; el juez al apreciar las pruebas aportadas en el juicio, junto con un análisis lógico y científico puede determinar el cuerpo del delito y la delincuencia. No se trata en forma alguna de que todo está a la discreción del señor juez y según su apreciación; sino a un razonamiento lógico científico que permite llegar a una conclusión que al final lo que protege y garantiza es la sociedad en su conjunto.
Hace mucho tiempo si no se encontraba por ejemplo el cuerpo de una persona que supuestamente fue asesinada, no era posible condenar a nadie; hoy si las evidencias llevan a la conclusión que existió una muerte y se deshicieron del cadáver por cualquier medio, la condena es posible. Querer continuar con tecnicismos fuera de ley nos dice dos cosas, que el juzgador prefiere liberar a un supuesto delincuente por el temor de condenar a un inocente o existen intereses en juego que están más allá de toda consideración legal.
Con la apreciación de las pruebas bajo el sistema de prueba tasada, determinada con anterioridad su valor por el legislador, es muy difícil condenar a la mayoría de delincuentes, especialmente los de cuello blanco y corbata, que casi nunca dejan huellas de los hechos delincuenciales que cometen, mantener esta forma de razonamiento es dejar una puerta abierta al delito, sólo los tontos y rateros de poca monta son condenados, dejando en verdadera protección e impunidad al delincuente que nunca firma, no aparece dando órdenes y se vale para todo de testaferros.
Que un juez diga que no es posible condenar a un narcotraficante por falta de pruebas, cuando éstas fueron vistas por toda una población y por tecnicismo los libere, como dije anteriormente sólo tiene dos explicaciones, el juez no razona ni se vale de la tecnología moderna o definitivamente tiene intereses, lo más curioso del caso es que aquéllos a los que se liberan son personas con muchos recursos económicos e influencias; otros son condenados con menos pruebas. El país necesita tener más confianza en su Poder Judicial, ya en el Atlántico la población se tomó la justicia por su propia mano, ojalá ello no sea el inicio de conductas colectivas a las cuales no se les brinda otra alternativa que volver como antaño a la barbarie y salvajismo.
El autor es abogado y notario.
