Emilio Álvarez Montalván
Frente a la crisis política actual, el Ejército de Nicaragua tiene la oportunidad de reforzar su profesionalismo si toma en cuenta tres elementos. El primero es que por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía acepta que un ejército surgido como partidario, sea reconocido como nacional. Es una apreciación valiosa que debe cuidarse, porque es respetada por todos. El segundo punto es que el Ejército de Nicaragua no es deliberante y obedece directamente al Presidente de la República en su carácter de jefe de las Fuerzas Armadas. Y tercero, que dicho cuerpo armado está obligado a respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República.
Estas premisas son fundamentales de respetar ahora que la Asamblea Nacional intenta un golpe de Estado, despojando al Presidente de la República de sus atributos constitucionales. Se trata de una violación de nuestra Carta Magna, establecida con carácter presidencialista el 9 de enero de 1987 por una Asamblea Constituyente. En cambio, esta vez, una Asamblea Ordinaria, que carece de aquellos poderes, rompe el núcleo de la Constitución.
Digo que intentan los dos partidos mayoritarios cambios que desgarran la Constitución, porque eliminan el equilibrio de los poderes del Estado, su independencia y jurisdicción aunque coordinados para evitar la dictadura.
En consecuencia, en estos momentos, el jefe del Ejército deberá estar pendiente para acatar las acciones que disponga el presidente Bolaños cuando juzgue la situación en que quedaría la Constitución, al aprobarse las reformas en segunda vuelta. En realidad, la actual coyuntura es una prueba de fuego que tarde o temprano debía presentarse al Ejército, al irse consolidando en Nicaragua el régimen democrático y dejándose atrás al sistema caudillista. En este momento, el Ejército encara dos alternativas: o regresa al régimen de Ejército-Partido, tipo EPS o, de cara al futuro, consolida su profesionalismo defendiendo la Constitución y cumpliendo las recomendaciones del Presidente de la República.
Hay un antecedente de esta disyuntiva cuando el 3 de septiembre de 1993, la presidenta Violeta Chamorro, protegiendo la profesionalización del Ejército, evitó la aparición de un caudillo castrense al retirar al general Humberto Ortega. Doce años después, los caudillos de ahora pretenden regresar la historia con la diferencia que esta vez estarían manejadas las fuerzas armadas por el comandante Daniel, en vez de su hermano Humberto, pues a eso equivaldría no defender la Constitución. Aún más, cuando el poder se concentra, como es el plan Ortega-Alemán, copan todos los poderes del Estado y sus instituciones. Sólo les quedan Ejecutivo y Ejército.
Aseguro lo anterior porque la historia enseña que los cuerpos armados del pasado, diseñados como trajes a la medida de los caudillos, se extinguían con éstos. Ello explica que la carrera militar en Nicaragua no fuese atractiva para una juventud con vocación de servicio a la patria, al rehuir convertirse en cómplices de dictadores.
Así fueron desapareciendo del tinglado nacional los ejércitos creados en su momento por el mariscal Casto Fonseca, por Trinidad Muñoz, Tomás Martínez, José Santos Zelaya, Emiliano Chamorro, Anastasio Somoza García, Augusto Cesar Sandino y, finalmente, el Ejército Popular Sandinista. Como parte del arreglo de paz, casualmente uno de los compromisos adquiridos fue que nunca más habría fuerzas armadas sujetas a la voluntad de caudillos, sino obedientes a la autoridad civil y a la ley.
Por eso tenemos ahora un Ejército profesional que efectúa ordenadamente sus relevos, goza del aprecio nacional y extranjero, participa a través de la Marina en el control del narcotráfico, ayuda en los desastres naturales, cuida los bosques e, incluso, asiste en misiones de paz y finalmente dispone de un Instituto Social Militar para seguridad de tropa y jubilados. ¿Es esto lo que se quiere cambiar por la ambición de dos caudillos trasnochados?
El autor es analista político
