Freddy Potoy Rosales
La ampliación del mercado de telecomunicaciones visto en la liberalización del sector de telefonía fija a través de la interconexión de otros operadores al operador dominante en Nicaragua, que en este caso es la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), se ha retrasado por los intereses políticos de los diputados, quienes, de paso, no sólo afectan el desarrollo de este rubro tan importante sino también la economía del país y el bienestar social reflejado del que deben gozar los usuarios finales.
En diciembre pasado estaba previsto que terminara la exclusividad de la telefonía básica y servicios especializados de Internet que tiene Enitel. No obstante, dicho proceso no fue posible porque los parlamentarios esgrimieron supuestos problemas internos en la empresa, cosa que no tiene ningún sentido.
A eso se debe agregar que la ley para la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) establece que después de la entrada en funcionamiento de esta entidad, habrá nueve meses para la apertura de otros servicios en régimen de monopolio por parte del operador dominante (Enitel). Estos inconvenientes generados por los diputados sin ningún argumento tecnológico, económico y social, se alargarán por un año, si las cosas marchan tal como se ha descrito.
En Nicaragua hay empresas dedicadas a las telecomunicaciones y tecnologías de la información, que en una apertura del mercado de telefonía básica, seguro tendrán ofertas favorables a los usuarios, distintas a las del operador dominante, lo cual constituye un buen paso en una economía de libre mercado. Los servicios que Enitel perdería son: la larga distancia internacional, telefonía básica por fibra óptica, transmisión de voz por Internet y conexión a la red usando diversos formatos.
Los diputados, con sus actitudes, se oponen a una mejoría del mercado de las telecomunicaciones en Nicaragua y, en consecuencia, abogan porque los ciudadanos, esos mismos que serán sus votantes en las próximas elecciones, no gocen de los beneficios de tener servicios más favorables y accesibles, manteniéndolos sumergidos en esa gigantesca brecha digital.
Los parlamentarios impiden que empresas como BellSouth (propiedad de Telefónica Móvil de España) o Estesa, ofrezcan servicios de llamadas de larga distancia internacional, lo que evidentemente reduciría al menos en un 50 por ciento los costos para los usuarios. No obstante, hay otras pequeñas empresas nacionales o, incluso, compañías extranjeras que pueden ofrecer servicios de tráfico de datos por fibra óptica.
No se trata de afectar a Enitel, sino de que en una economía de libre mercado y en el marco del derecho de la competencia, tanto las compañías de telecomunicaciones como los usuarios gocen de la liberalización de este servicio que durante muchos años ha estado en régimen de monopolio. Así como las compañías tienen derecho a incrementar sus utilidades, los usuarios tienen derecho a escoger al operador que ofrezca servicios de calidad y precios favorables.
Lo anterior no es posible si los parlamentarios elegidos por estos usuarios que demandan servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, son afectados por estos políticos. Lo anterior no es posible si los diputados cercenan al ente regulador que pretende hacer prevalecer la ley, o lo establecido en los contratos con las compañías de telecomunicaciones. Todos debemos ser respetuosos de la ley.
