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Diálogo nacional y/o referendo
Si acaso se pudiera celebrar el diálogo nacional -del que tanto se habla actualmente como el mejor o único medio para resolver la crisis política que afecta al país- sería para discutir sobre las reformas constitucionales. Reformas que, como es bien sabido, ya fueron aprobadas en primera legislatura, en diciembre pasado, pero tienen que ser ratificadas por la Asamblea Nacional, en segunda legislatura, o sea después del próximo lunes 10 de enero corriente.
En realidad, una reforma tan trascendental como es sin duda el cambio de sistema de gobierno —que pasaría de presidencialista a parlamentario—, debería ser decidido por una asamblea constituyente. Y en todo caso, la aprobación de una reforma tan sustantiva amerita no sólo un acuerdo entre la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo y la sociedad, sino también la convocatoria a un referendo, por lo menos, tal como lo prevé el artículo 2 de la Constitución Política de la República precisamente para situaciones como ésta.
De manera que el diálogo nacional tendría que celebrarse antes de que las reformas constitucionales sean aprobadas en segunda legislatura, y no hasta después, como pretenden el jefe del FSLN y los dirigentes del PLC, pues en este caso el diálogo sería sólo para que el presidente Enrique Bolaños avalara las reformas y se sometiera así a la voluntad de los diputados sandino-liberales.
Hasta ahora estas reformas constitucionales han sido rechazadas por el Poder Ejecutivo, porque mediante ellas los diputados sandinistas y sus seguidores liberales le quieren arrebatar al Presidente de la República sus atribuciones más importantes, y trasladarlas a la Asamblea Nacional. Pero las reformas también son rechazadas por diversos sectores de la ciudadanía que se consideran burlados por los diputados sandinistas y liberales del PLC; y por lo tanto, estos sectores demandan un referendo para que los ciudadanos puedan decidir mediante el voto, si aceptan o rechaza las tales reformas constitucionales.
En realidad, un diálogo nacional en las actuales circunstancias sólo tendría sentido si fuese para decidir que las reformas constitucionales sean engavetadas para siempre y que queden en el limbo jurídico de lo non nato; o para modificarlas, si esto fuese posible, a fin de que no alteren el balance de los poderes del Estado sino que más bien mejoren las condiciones institucionales de su funcionamiento.
Por otro lado, en el diálogo se debería discutir también la propuesta de reformas que hizo el Presidente de la República a mediados de diciembre recién pasado, con el propósito de que se prohíba la reelección presidencial en términos absolutos y para siempre, así como la reducción del número de diputados a la Asamblea Nacional y la modificación del sistema de su elección, a fin de que los ciudadanos puedan escoger directamente a sus representantes mediante un sistema de elección uninominal, en vez del procedimiento de listas cerradas presentadas por los partidos políticos, como es hasta ahora.
Asimismo, una salida a la crisis perfectamente viable -que podría ser aprobada en un diálogo nacional- sería la tregua que sugirió una embajadora europea, o sea dejar las reformas constitucionales en suspenso y consultarle a la ciudadanía en las elecciones nacionales del próximo año si estaría o no de acuerdo con que sean aprobadas.
Finalmente, el diálogo nacional tendría que ser abierto a la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos. Las cúpulas de los partidos, de la Asamblea Nacional y del —todavía— Poder Ejecutivo, tienen que escuchar las opiniones de la sociedad civil y de los ciudadanos en términos generales.
En todo caso, los ciudadanos que se están expresando a favor de un referendo para ratificar o rechazar las reformas constitucionales —en el caso de que los diputados sandinistas y sus seguidores del PLC las aprobaran en segunda legislatura— tienen que seguir movilizándose y fortaleciéndose. La verdad es que sólo aumentando la presión se podría obligar a los pactistas a respetar el precepto constitucional que prevé la consulta popular para situaciones como ésta, y la Ley de Participación Ciudadana que manda a consultarle al pueblo las decisiones de trascendencia nacional, antes de aprobarlas o de ponerlas en vigencia.
