Hugo F. Castillo
En este contexto de reformas constitucionales es importante concebir de una vez por todas una democracia que vaya mas allá de lo meramente electoral. La intervención de la ciudadanía o sociedad civil —tal y como la hemos venido llamando en su aspecto más estructurado— tiene que ser más determinante, ir más allá del simple sufragio; se requiere a estas alturas de una intervención más completa y diversa en todas las tareas colectivas.
Debemos aspirar a una sociedad que sea capaz de garantizarnos los mínimos vitales que aseguren nuestro libre desarrollo personal. Nosotros, por nuestra parte, debemos ser capaces de abrirnos a una concepción democrática que nos dote de una nueva concepción o sentido de mundo en base a nuestros deseos, creencias y expectativas de una mayor autonomía.
Hasta ahora, lo que hemos vivido con mayor o menor representatividad es lo que podríamos denominar una democracia electoral, que ha significado la posibilidad de poder cambiar cada cuatro o cinco años —según se trate— el Gobierno, el que hemos electo a través de un partido político, sin buscar la posibilidad de hacerlo a representantes concretos, ya que aunque de manera formal se eligen representantes. Éstos son medios para elegir a quienes nos gobiernan.
Existe un régimen electoral de selección del Poder Ejecutivo que se fortalece como parte del juego de la democracia electoral. El Poder Legislativo se convierte —una vez electo el jefe de gobierno— en un mero órgano de carácter técnico de las decisiones que se toman en las direcciones de los partidos gobernantes y en el Gobierno.
En este contexto se manifiesta el carácter hegemónico de ciertas élites tanto políticas como económicas, así como lo que podríamos definir como la esclerosis burocrática de los partidos, con los efectos perniciosos sobre las agendas políticas. En estas condiciones no es posible hablar de participación ciudadana, si ésta se ve restringida a un mero ejercicio del voto electoral, afectado también por las deficiencias del mismo sistema electoral existente.
Nada nos impide pensar que estamos ante el dominio absoluto de una oligarquía liberal, obstáculo de una democracia coherente con nuestra realidad y con las expectativas de este nuevo milenio. El debate está planteado entre una democracia directa, una democracia representativa y una democracia electoral.
¿Qué pasa si mantenemos sin reformas sustanciales el actual modelo? Tendríamos que aceptar que este “modelo” refuerce cada vez más su carácter oligárquico y con menos control, y su tendencia procedimentalista más acentuada en el correr del tiempo. Los costos estarían alrededor de la disolución misma de nuestra incipiente sociedad democrática. Se consolida el dominio y control de la oligarquía liberal y desaparece el ciudadano democrático. Un régimen permanentemente sometido —ya no sería un accidente como el actual— a los grandes poderes económicos e impotente ante proyectos de interés popular, que no desaparecerían en el futuro.
Toda reforma deberá de encaminarse a darnos como individuos, las garantías básicas para no ser anulados en el corto plazo por las dictaduras de los partidos y grupos, que quede explícito, el respeto que se debe de tener por las posiciones individuales las que no deberán reprimirse sino mas bien fomentarlas, estimularlas y promoverlas. De igual manera deberán quedar plasmadas normas que garanticen que los medios de comunicación masiva y particularmente la televisión promuevan programas pluralistas y no de líneas determinadas ideológicamente o de intereses partidarios.
En el debate actual sobre las reformas se da mucho peso en la discusión al aspecto meramente electoral sobre ventajas e inconvenientes de un sistema proporcional o mayoritario; también a las virtudes y vicios de un sistema presidencialista en relación a un sistema parlamentario, pero se deja en un plano irrelevante la necesidad imperativa de un cambio en la relación de los ciudadanos y las instituciones así como el de evitar que los poderes económicos contaminen e incluso dominen las decisiones políticas.
No se trata de proponer una democracia electoral reformada. Hay que avanzar hacia una democracia libertaria, un régimen que combine aspectos de la actual democracia electoral, con aspectos de contrapeso de una democracia representativa y fundamentalmente que se asigne un protagonismo ascendente a nuevas formas de democracia directa. Estoy hablando de una reforma que tendrá que ser pragmática, partir de la realidad, estar abierta a la experiencia real, ser reformista; o sea, partir de cambios graduales en las instituciones existentes y ser radical en relación a los cambios en el orden político existente.
El autor es Consultor Independiente
