- La sociedad costarricense se ha ido percatando, poco a poco, que no son los inmigrantes nicaragüenses los que han quebrado al Seguro Social, sino los funcionarios ticos que hanhecho negocios ilícitos en esa institución. Lo curioso es que miles de nicas podríanayudar a mejorar la economía del Seguro si los legalizan y comienzan a cotizar
Douglas Carcache
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica comenzarán el año 2005 sin ser considerados el problema principal del país, ya que las miradas críticas de la sociedad costarricense se han centrado en los fraudes cometidos por funcionarios públicos, entre ellos los ex presidentes de la República, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.
Hasta hace unos meses, en Costa Rica existía la percepción de que más de 300 mil nicaragüenses que viven en ese país habían puesto en crisis a la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) porque demandaban atención médica, pero a finales del 2004 se comprobó que esa institución fue víctima de fraudes millonarios urdidos por funcionarios ticos.
“El argumento de la Caja (del Seguro) se vino al suelo… No son los nicas los que tienen quebrada la Caja, sino que había una red delincuencial que estaba obteniendo ganancias de los negocios de la Caja con algunos proveedores”, opinó Abelardo Morales, experto en Migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Los escándalos en el Gobierno costarricense también influyeron, de forma indirecta, para que la Asamblea Legislativa postergara hasta el 2005 la aprobación de una nueva Ley de Migración, que podría terminar con las posibilidades de una amnistía o legalización de miles de inmigrantes indocumentados.
El 37 por ciento de los costarricenses considera que el problema más grave para su sociedad es la corrupción, indicó un estudio de opinión realizado este diciembre por la empresa Unimer. Sólo el cinco por ciento se mostró preocupado por el crimen y la violencia, a pesar de que un año antes, en el 2003, el 26 por ciento dijo que esto era lo que más le preocupaba.
La violencia y la inseguridad, situación que algunos ciudadanos de Costa Rica han asociado con los inmigrantes, pasó este año a un plano inferior y 7 de cada 10 costarricenses declararon estar más preocupados que antes por los escándalos de corrupción.
Abelardo Morales cree que ha llegado el momento en que los ciudadanos costarricenses se pregunten qué es peor: ¿un inmigrante nicaragüense haciendo fila en la Caja del Seguro o un presidente robando al Estado? “El nica pobre pide asistencia, los otros (funcionarios del Estado) cobraban comisiones ilegales”, afirmó.
NICAS SALVARÍAN A LA CCSS
La atención a los inmigrantes en clínicas y hospitales públicos de Costa Rica ha sido motivo de disputas en este país. Las autoridades han manifestado que el gasto en los servicios de salud prestados a nicaragüenses sumó alrededor de 16 millones de dólares, cerca del 3.5 por ciento de la inversión total en salud, en 1999, recordó el especialista de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Sandoval.
En contraste, las auditorías en la Caja Costarricense de Seguridad Social muestran que entre los años 1998 y 2004 hubo anomalías en el uso de 80 millones de dólares, prestados por España y Finlandia. Con ese dinero compraron siete mil aparatos, algunos innecesarios y otros que no sirvieron; y algunos funcionarios obtuvieron comisiones ilegales de los proveedores.
La CCSS también pagó más de cuatro millones de dólares a consultores privados, quienes fueron contratados sin licitación pública. De 22 millones de dólares que el Banco Mundial prestó a la CCSS, 12 millones fueron usados en pagos de consultorías, precisa el informe de la Comisión de Notables que investigó el caso.
Luego, en febrero del 2004, la junta directiva de la CCSS aumentó en 80 por ciento el salario de sus gerentes, subgerentes y auditores, llegando a ganar los gerentes el equivalente a más de cinco mil dólares por mes. En cambio, el salario de los empleados menores sólo lo incrementaron en 3.5 por ciento.
Lo irónico, dijo Carlos Sandoval, es que “los costarricenses vamos a empezar a depender de los inmigrantes nicaragüenses”, para que las finanzas de la Caja del Seguro se recuperen, porque en Costa Rica cada vez hay menos cotizantes por cada pensionado.
“En la actualidad, seis personas están laborando por cada ciudadano pensionado, pero dentro de 15 ó 20 años van a ser tres los que coticen a la Caja por cada pensionado”, explicó Sandoval.
“Nos conviene —afirmó— que los nicas se legalicen para que aporten a la Caja… El sistema de Seguridad Social (costarricense) empieza a depender de los inmigrantes”.
LO QUE “PROMETE” LA LEY
El proyecto de Ley de Migración que discutirán en el 2005 los legisladores de Costa Rica, pretende más estimular la llegada de migrantes con dinero para que inviertan en este país, ya que en el Artículo 6 indica que los flujos migratorios serán seleccionados para “incrementar la inversión de capital extranjero y fortalecer el conocimiento científico, tecnológico, cultural y profesional en las áreas que se definan como prioritarias para el Estado”.
Sin embargo, en los últimos meses del 2004 le añadieron un acápite a ese artículo que podría favorecer a los inmigrantes pobres, porque sugiere orientar la inmigración a “zonas cuyo desarrollo se considere prioritario, hacia las actividades y ramas económicas” que favorezcan al Estado. Entre estas zonas estarían las fincas que producen café, caña de azúcar, bananos, naranjas y otras frutas de exportación.
Luego el Artículo 7 pone una barrera a los extranjeros que buscan empleo, al precisar que la mano de obra costarricense no puede ser desplazada “por la incorporación de trabajadores inmigrantes”.
Aunque para legalizar a los inmigrantes, las autoridades de Costa Rica tendrían que tomar en cuenta la expansión de actividades económicas, como el turismo y la agricultura, que necesiten “mano de obra calificada inexistente o considerada insuficiente en el país, o mano de obra no calificada para realizar trabajos estacionales”, señala el Artículo 8 de la propuesta de ley.
PENAS POR INDOCUMENTADOS
Algo nuevo en la legislación costarricense sería la penalización del tráfico de personas, porque mandarían a prisión, de dos a seis años, a quien “con fines de tráfico ilícito conduzca o transporte personas para su ingreso o egreso del país, por lugares no habilitados” por las autoridades, evadiendo los controles migratorios o utilizando datos o documentos falsos.
También enviarían a la cárcel “a quien con fines de tráfico ilícito de personas, aloje, oculte o encubra a extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país”.
Además, las personas e instituciones que proporcionen alojamiento a extranjeros que estén ilegales en Costa Rica, podrían ser sancionados con una multa de hasta cinco veces el monto de un salario base.
Con esta ley sería más difícil para los empresarios costarricenses contratar a indocumentados para las labores más duras del campo, como las zafras de caña y los cortes de café, algo que hasta hoy ha ocurrido sin mayores consecuencias que la deportación y el rechazo de los inmigrantes que son descubiertos por los agentes de Migración.
AUMENTAN EXTRANJEROS
La Encuesta de Hogares de Costa Rica, realizada a finales del 2004, indica que en este país laboran 168 mil extranjeros que representan el 10.2 por ciento del total de ocupados, sin incluir a los que tienen menos de seis meses de haber llegado.
En el año 2000 laboraban en Costa Rica 129 mil extranjeros, una cifra equivalente al 8.9 por ciento de los empleados, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
La mayoría de esos extranjeros son nicaragüenses, sin incluir a miles que no aparecen en censos ni encuestas porque permanecen indocumentados o llegan a Costa Rica sólo por temporadas, para trabajar en las cosechas agrícolas.
El censo del año 2000 indicó que en Costa Rica habían 226,374 nicaragüenses establecidos, pero especialistas en demografía estimaban que para entonces ya existían en el país cerca de 350 mil nicaragüenses.
MADRE DE LEJOS
Rosario Grádiz se conforma con escuchar la voz de sus dos niños por teléfono cada semana. La niña tiene 3 años y el niño 21 meses. El problema es que ellos viven en León, Nicaragua, donde los cuida su abuela; y Rosario reside en San José, Costa Rica, donde trabaja en la lavandería de un hotel.
Grádiz es una de las miles de mujeres nicaragüenses que durante la época navideña va por un día a la frontera de Peñas Blancas para encontrarse con sus familiares y compartir un almuerzo, porque le resulta difícil abandonar su trabajo en Costa Rica en esta época.
En Nicaragua trabajó en una oficina bancaria, en el desaparecido Banco Nicaragüense (Banic), pero a finales de los años ochenta perdió el empleo por “una compactación” (reducción) de esa institución estatal. Hace 13 años que Rosario vive en Costa Rica. Ahora lava ropa en vez de hacer cuentas, pero afirma: “Lo que gano aquí, no lo gano allá (en Nicaragua)”. Ella mantiene a su mamá y a sus hijos.
PIENSAN EN AHORRAR
La mitad de los migrantes de Nicaragua son mujeres (47 ó 50 por ciento) y la tendencia es que ellas emigren más que los hombres, informó la investigadora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Milagros Barahona.
Entre las mujeres migrantes prevalecen las ideas de ahorrar y retornar a su país. “He encontrado mujeres en Costa Rica que dicen que vienen (a trabajar) sólo para pagar la graduación de sus hijos”, afirmó Barahona.
Según las investigaciones de OIT, la mayoría de remesas que envían las mujeres migrantes están destinadas a mujeres, como sucede en el caso de Rosario Grádiz, quien manda el dinero a su madre.
Una ventaja para que las mujeres migren, son las familias extensas que les permiten tener retaguardia, porque las abuelas se quedan con los nietos mientras la madre manda el dinero, cada mes, desde el país en que labora, explicó Barahona.
Migración de Costa Rica informó que, entre enero y noviembre del 2004, entregó permisos de trabajo a 1,325 empleadas domésticas inmigrantes.
CONTRA “COYOTES”
El Ministro de Seguridad de Costa Rica, Rogelio Ramos, dijo que el proyecto de Ley de Migración de su país “ya está en segundo lugar en el Legislativo y creemos que durante el primer trimestre del año (2005) va a ser aprobada”. Explicó que el aporte de la nueva ley será importante porque “tiene el coyotaje como delito”, para castigar a “personas que se dedican a aprovecharse de las debilidades y los problemas que la gente tiene”.
