Luciano Cuadra [email protected]
Hace pocos días asistí a una presentación especial de la película Voces inocentes, en un teatro de Hollywood, invitado por el capítulo de Los Ángeles de Amnistía Internacional y el Diario HOY, de El Salvador.
En la película se presenta la historia de un niño salvadoreño que intenta mantener el ritmo de su infantil existencia durante la guerra civil en ese país, resultándole imposible al verse amenazado con el reclutamiento por parte de las fuerzas del Gobierno. El chavalo se ve obligado a decidir si se queda jugando o toma la vida en serio para evitar un encuentro con la realidad de su momento: la muerte.
Al final de la función, luego de un intercambio de impresiones y preguntas entre los asistentes y los productores, se me acercó una amiga, quien a manera de saludo me preguntó: “¿Viste cómo enseñaban a los niños a matar, los hijos de p… esos? Por favor —le dije—, tenés que explicarte mejor. ¿A quién te referís? ¿a los de la guerrilla o al Gobierno?”
Aunque el filme presenta a las tropas gubernamentales “cazando” niños para enlistarlos en el ejército, el productor parece abrir brevemente la ventana de la posibilidad de la indiscreción, cuando en una escena un miembro de la guerrilla culpa a los soldados de la muerte de una niña durante un enfrentamiento; la actriz principal le enrostra que: “Esa bala quizá fue disparada por un guerrillero”. Tal vez éste fue un intento honesto pero débil para recordarnos que la injusticia y la tragedia caen como bombas, sin un destino definido, sin distinguir el color político de las vidas que destruirán.
Según un reporte de las Naciones Unidas, existen más de cuarenta países donde se utilizan niños para la guerra. Entre ellos brilla Colombia con unos 11,000 que participan con los paramilitares y con la narcoguerrilla. Igual destacan la Federación Rusa, Perú, Israel y los territorios ocupados, donde los palestinos entrenan a los niños como bombas humanas.
En Centroamérica, además de El Salvador durante la década de los años ochenta la dictadura frentista en Nicaragua fabricó una ley para obligar a los mayores de dieciséis años a defender su proyecto ideológico. Aunque igual se debe recordar la participación voluntaria de aquellos casi infantes que expusieron sus vidas siguiendo el sueño de un futuro mejor.
Los comentarios de mi amiga, que repetía la película casi “verbatim” contra mi deseo, trajo a mi memoria el recuerdo de aquel chavalo, no mayor de 13 años, allá por 1980, que lloró al negarle yo permiso para ir como “ayudante de cincuentero” (así se le denominaba a quien asistía al operador de una ametralladora calibre .50) para apoyar a unas escuadras nuestras que estaban bajo fuego de fuerzas de oposición, Milpas. Me recordaba que él había “rungueado con esa animala” (peleado con esa ametralladora) durante la insurrección final.
Sólo el universo y yo somos testigos de las lágrimas de aquel chavalo que lloraba por ir a matar, o a que lo mataran. Quiero aclarar, sí, que lloró como lo hacen los hombres. Aún conservo su recuerdo en una fotografía: él, a mi lado, dirigiendo su mirada inquisidora hacia el lente de la cámara, luciendo el típico uniforme militar de la época y de la ocasión —camisa y pantalones de color verde en diferente tonalidad y diseño—, notándose fácilmente que el difunto había sido de mayor tamaño, y con toda seguridad de mayor edad también.
La acusación contra quienes truncan la infancia de estos seres humanos con tal de engrosar sus filas y sus sueños de victoria, no es exclusiva para una corriente política o ideológica en particular. Unos son culpables por meterles la guerra con promesas de un futuro material mejor; y los otros, por enseñar el camino a ella a través de una ley, haciéndoles creer que es un deber patriótico y que alcanzarán un estatus especial que los convertiría en muertos que nunca mueren.
El autor fue miembro del Ministerio del Interior del régimen sandinista. Después formó parte de la agrupación antisandinista Arde. Ahora reside en EE.UU.
