- Juez levantó las medidas cautelares
Mirna Velásquez Sevilla
El ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Gabriel Levy Porras, está a punto de ser librado de los cargos de fraude y peculado que el Estado entabló en su contra.
En una audiencia especial celebrada el 29 de noviembre pasado, el juez Octavio Rothschuh suspendió las órdenes de captura y retención migratoria que pendían en su contra.
La audiencia se produjo en ausencia del reo, quien estaba considerado “rebelde” por evadir el proceso. Los representantes de la Fiscalía y Procuraduría se negaron a la realización de la audiencia, argumentando que es imprescindible la presencia del acusado para nombrar abogado o realizar otra diligencia.
No obstante, el juez accedió a la petición de la esposa de Levy, Silvia Ramírez, de levantar las medidas cautelares, quien además pidió al juez aceptara el nombramiento de un abogado defensor, pero esto último no fue admitido.
BASADOS EN SENTENCIA DE APELACIONES
La petición de Ramírez se basó en una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua dictada el nueve de septiembre de 2004, en la cual refiere que el caso ya extinguió y por lo tanto sobreseyó a otros tres procesados por los mismos hechos.
Levy fue acusado de sustraer dinero de una cuenta “confidencial” de Enitel para beneficio personal, causando un perjuicio al Estado de Nicaragua de 1.3 millones de dólares.
Según la acusación presentada el 17 de diciembre de 2003, Levy en compañía de Randolfo Zeledón, Juan Francisco Mendieta Gómez y Pedro López Calero, este último ex gerente financiero de Enitel, abrieron una cuenta “confidencial” en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), de la cual sustrajeron dinero para beneficio personal y de algunas empresas y entidades, incluyendo al Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
PROCESO PENDIENTE
El juez explicó que con esta resolución, Levy puede ingresar al país sin ser detenido, pero deberá enfrentar la acusación porque ésta no fue desestimada y se mantiene viva.
Rothschuh basó su decisión en que ninguna medida puede aplicarse si hay extinción de la acción penal.
Ni la fiscal auxiliar penal Magda Matus ni el procurador César Guevara apelaron la resolución.
Vale señalar que la resolución del Tribunal de Apelaciones no tiene carácter definitivo, pues tanto la Fiscalía como la Procuraduría apelaron la sentencia y el caso pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tribunal que deberá definir si se venció o no el período para acusar por estos hechos.
