Roman, Times, serif»>Editorial
La crisis del Estado
Aunque hablar de crisis en Nicaragua no es ninguna novedad, la situación que actualmente se vive en las instituciones presenta algunos rasgos que son atípicos en relación a lo que podríamos llamar las características permanentes de la crisis política e institucional nicaragüense.
En efecto, si observamos los procesos políticos en la historia de Nicaragua, se puede percibir un comportamiento que a través del tiempo y las circunstancias se confirma como tendencia general que permanece en medio de los cambios. Pareciera que de alguna forma se volviera realidad aquel consejo de Tancredo en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cuando recomienda cambiar para que todo permanezca igual.
El camino es el mismo. El Pacto, la Constituyente, o la Reforma Parcial a la Constitución, la reelección o la confirmación del poder unipersonal o bicéfalo, la repartición del Estado, la ruptura del pacto, el conflicto… y de nuevo las cúpulas políticas vuelven al pacto y a la repartición, para reiniciar ese movimiento circular, en el que a lo largo y ancho de la historia, a pesar de cuartelazos, montoneras, revoluciones y elecciones, con resistencia y retardo, cambian los actores, pero no la “lógica” del comportamiento político. El siglo XX, desde finales de los años treinta y lo que va del siglo XXI son testimonio de esta conducta.
No obstante, la situación en este momento, aunque participando de los rasgos generales de ese común denominador que “sustenta” el proceso histórico nicaragüense, presenta características particulares que son propias de las circunstancias en que se desenvuelve el drama político actual.
En efecto, los pactos políticos se dan, esta vez, fuera del Gobierno y contra el Gobierno, desplazándose así el centro de gravedad del poder, del Gobierno a los dos caudillos que comandan el país y controlan el Estado a través de sus partidos y las respectivas bancadas parlamentarias. Consecuencia de ello es la insólita Declaración Conjunta de Poderes e Instituciones contra el Jefe del Estado.
La Reforma de la Constitución, que espera la ratificación en la segunda legislatura, quizás inmediatamente después de instalada la Asamblea el 10 de enero del 2005, presentada y actuada a través de los procedimientos para una Reforma Parcial, es en realidad una Reforma Total.
Esta Reforma cambia el sistema político actual por otro que toma del sistema parlamentario lo que le conviene para consolidar el modelo bicéfalo de caudillos, sin adoptar las medidas propias del sistema parlamentario que permiten establecer mecanismos de control sobre el Parlamento, rompiendo, por esta adaptación unilateral de las instituciones a los intereses de poder personal de los caudillos, el equilibrio de poderes esencial para la existencia de la democracia y del Estado de Derecho.
En verdad, los poderes políticos reales que actúan fuera del Estado, bajo el ropaje de la Reforma Parcial, están llevando a cabo en este momento la Constituyente a través de la Asamblea Legislativa, la que si bien tiene un poder constituyente limitado para realizar la Reforma Parcial de la Constitución, no tiene la facultad de realizar una Reforma Total, como lo está haciendo en la actualidad. De esta forma se le está tratando de dar al país “gato por liebre” buscando como justificar legalmente el cambio de sistema político, para lo cual la Asamblea Legislativa no tiene facultades.
En estas circunstancias se podría decir que la oposición es el Gobierno, que el derecho no es el sistema de límites al poder, sino el instrumento para ejercer un poder sin límites, que las instituciones son los brazos a través de los cuales se prolonga el poder de facto, y que la legalidad aparente que se le pretende dar a este proceso choca con la legalidad real y ciertamente establece una ruptura con la legitimidad, que sólo podría darse mediante un respaldo obtenido a través de la consulta popular.
En esta situación, el Diálogo Nacional se vuelve una necesidad. Diálogo Nacional que al menos debe comprender dos grandes fases: una primera fase entre el Gobierno y los partidos políticos para resolver los graves conflictos institucionales y una segunda fase en la que además participen los sectores más representativos del país para concertar un Acuerdo Estratégico de Estado Nación.
