- Fiscalía y Procuraduría alegan que no existen argumentos legales para que el Estado entregue los US$2.7 millones a Jerez
José Adán Silva
La posición fue unánime: si el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, quiere recuperar los 2.7 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos entregó a Nicaragua, luego de confiscar y subastar un apartamento que el ex funcionario tenía en Florida, que vaya a ese país del norte y pelee allá.
Así se interpreta la posición que asumió la Fiscalía y la Procuraduría, ante los reclamos de los abogados de Jerez, quienes solicitaron que el dinero entregado por Estados Unidos a Nicaragua fuera ingresado en cuentas administradas por un interventor civil que, por orden judicial, tutela los bienes del ex funcionario desde que éste enfrentaba varios juicios por actos de corrupción.
RAPIDEZ DE JEREZ
El pasado 9 de diciembre, autoridades del Gobierno de Estados Unidos entregaron al presidente Enrique Bolaños un cheque por 2.7 millones de dólares, obtenidos de la venta de un apartamento de Jerez en Florida, el cual fue confiscado y luego subastado bajo la sospecha que Jerez usó el sistema financiero estadounidense para lavar dinero público de Nicaragua.
Ese mismo día los abogados de Jerez, Juana Montoya y Mario Rey Delgado, solicitaron al Juez Cuarto Civil de Distrito, Néstor Castillo, que los 2.7 millones de dólares fueran administrados por el interventor judicial.
Al respecto, el procurador penal Iván Lara dijo que la Procuraduría General de la República argumentó en su escrito de rechazo a las peticiones de Jerez, que dicho dinero se entregó a Nicaragua en concepto de donación, y que no existe ninguna relación legal entre un juicio radicado en Nicaragua y eventos judiciales realizados en otros países.
ACUERDO JEREZ-EE.UU.
“Lo que nosotros decimos es que no hay relación entre un proceso judicial de Nicaragua y un proceso realizado en otro país, por otras causas y bajo leyes diferentes”, dijo el procurador penal.
“No existe figura legal para devolver tal dinero, ya que incluso el mismo Jerez entregó a Estados Unidos el apartamento a cambio de algunas negociaciones. Si él quiere pelear el dinero que mande a sus abogados a Estados Unidos a romper el acuerdo que hizo con las autoridades de ese país”, expresó Lara.
Por su parte la Fiscal General Adjunta del Ministerio Público, María Lourdes Bolaños, dijo en su escrito que el ex funcionario no tiene argumentos jurídicos para pedir bienes que no estaban dentro del inventario judicial.
“La Ley 11 de 1985 dice que Jerez debió informar de todos sus bienes al momento de la intervención judicial y luego de ello, pero no lo hizo y por eso no tiene derecho. A mi juicio su caso es un problema de derecho público internacional que debe dilucidar en el país donde se originó la querella”, dijo Bolaños.
