Luis Núñez Salmerón
Desde diciembre del año 2003 el gobierno de Nicaragua venía discutiendo una propuesta de ley para incentivar la inversión turística en Nicaragua dado que la misma presenta síntomas de estancamiento.
Finalmente el proyecto tomó forma y recientemente la Asamblea Nacional aprobó en lo general el proyecto de Ley Especial de Creación de los Bonos para la Inversión Turística (BIT) y que ha generado criterios encontrados sobre su viabilidad.
Para unos, esta política favorece las exoneraciones solamente para un sector de grandes inversionistas, mientras que otros apuestan a un impulso de las inversiones turísticas.
Según las cifras oficiales, el número de turistas está aumentando mientras las inversiones muestran una importante baja en una contradicción que Michael Navas, secretario de la Junta de Incentivos Turísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), justifica la necesidad de una mayor inversión en infraestructura turística para atender una demanda creciente.
Según datos del Intur, Nicaragua tiene una oferta de 3,700 habitaciones, evidentemente insuficientes comparado con el crecimiento de la llegada de turistas al país que justifica la necesidad de más incentivos.
Según Intur, las inversiones vienen bajando en los últimos años. En 1999 se autorizaron 4.11 millones de dólares, en el 2000 estos proyectos aumentaron hasta 76.41 millones de dólares, cayendo en el 2001 a 42.66 millones, bajando todavía más en el 2002 a 23.77 millones de dólares . No obstante, las inversiones en el 2003 se recuperaron hasta alcanzar niveles los 75.32 millones de dólares y en lo que va del año 2004 se registran 39.61 millones de dólares.
El director general de Ingresos, Róger Arteaga, fue tajante al rechazar esta iniciativa argumentando que esta ley podría significar que el gobierno dejará de percibir por lo menos 700 millones de córdobas en recaudaciones por las exoneraciones que la misma implicará.
Una posición que según el Intur es contradictoria, ya que esta dirección participó en la elaboración del anteproyecto dando todo su apoyo. En las reuniones previas participó Santos Acosta, Carlos Palacios y en el último momento se integró Carlos Aguerri, que en correo enviado a la comisión encargada de la elaboración del anteproyecto, señala que “en nombre de la Dirección General de Ingresos, no veo problema alguno”.
En este sentido Michael Navas se mostró sorprendido por las declaraciones del titular de la DGI “me parece que es irresponsable decir que ellos dijeron en su momento que no estaban de acuerdo”.
¿SUBSIDIO A EXTRANJEROS?
El especialista en temas fiscales Julio Francisco Báez, señaló que este proyecto de ley no es más que un subsidio para las empresas extranjeras que están en el país o han manifestado su interés por iniciar inversiones. Resulta contradictorio que se promueva una ley de incentivos cuando el turismo se encuentra en una etapa de franco crecimiento, sostiene el experto.
Una contradicción que además muestra las iniquidades en las políticas de incentivos a los diferentes sectores económicos. El turismo “es el sector de la economía más fortalecido desde el punto de vista legislativo y de incentivos fiscales”, agrega Báez.
Se pregunta por qué no otorgarlos a otros sectores igualmente importantes y destaca el hecho que este tipo de incentivos promueve una competencia desleal.
Pero el Intur sostiene que el mecanismo de otorgamiento de bonos es transparente puesto que los fondos no provendrán del Estado sino de un mecanismo manejado por el sector privado. Además, no significará enormes pérdidas para el gobierno en cuanto a exoneraciones de impuestos.
Sobre las consideraciones del director general de Ingresos, Navas rechaza categóricamente los señalamientos de que el país dejará de percibir determinada cantidad de dinero si todavía no se sabe de cuánto es la inversión que vendrá al país.
Si se toma en cuenta el nivel de inversión actual las exoneraciones lo que se dejará de percibir es mínimo comparado con los beneficios, según explica la presidenta del Intur, Lucía Salazar. Ella reconoce que esta ley será para atraer exclusivamente la gran inversión, ya que los mecanismos de financiamiento son complicados y fuera del alcance de las proyecciones de pequeñas empresas del sector.
Un punto en el que al parecer deberá haber mayor consenso. El diputado Bayardo Arce, de la bancada del Frente Sandinista, no ve problemas en promover una ley de incentivos al sector turístico si se toma en cuenta que los mismos serán para capitalizar las empresas por un período determinado “hay sectores a los que ya se han incentivado”.
Sin embargo, aclara que los mecanismos para tener acceso a estos bonos debe ser regulado por la ley de forma clara parar evitar abusos como los que ya anteriormente se dieron.
La presidenta del Intur es clara al afirmar que la ley está dirigida a inversionistas muy puntuales que piensen en invertir seriamente en Nicaragua con experiencia en trabajar realidades similares.
“Es necesario dar garantía a los turistas en todos los sentidos y esto parte de crear mejores condiciones, queremos atraer grandes inversiones con capacidad para construir entre 250 y 500 habitaciones y la salida posible es la construcción de megaproyectos”.
Estos grupos de inversionistas, según Salazar deben ser capaces de penetrar donde otros no han querido hacerlo por temor a las condiciones de determinado país. Este tipo de proyectos incluso contribuirá a bajar los costos de los viajes y de operación de los mismos ya que significará un flujo masivo de turistas con mayor nivel de ingresos.
Sobre la transparencia de los bonos, el proyecto establece un mecanismo que será supervisado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB).
EL MECANISMO
El mecanismo partirá de la oferta de bonos, de hasta el 70 por ciento de la inversión total, que hagan las empresas inversoras en el mercado de valores tanto nacional como internacional. Luego este dinero obtenido se colocará bajo una cuenta de fideicomiso en la banca nacional y se irá desembolsando en la medida que avanza el proyecto y conforme los requerimientos de capital.
Durante este proceso se descontarán las exoneraciones, que según las proyecciones del Intur, para un proyecto de 38 millones de dólares, el IVA exonerado inicialmente es de 1.5 millones de dólares anualmente mientras dure el período del incentivo fiscal.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de las cámaras de turismo nacionales.
Miguel Romero Portela, presidente del la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), sostiene que este proyecto es necesario para mejorar la calidad de la oferta turística nacional y llevará la inversión turística a lugares donde no las hay como la costa Caribe y Río San Juan.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), Carlos Herdocia, expresó que apoyan el proyecto de ley ya que si bien excluye a las pyme turísticas, constituye una oportunidad importante para el sector, ya que las grandes empresas demandan servicios que ellos pueden brindar.
Por otro lado, funcionarios de la Secretaría Técnica de la Presidencia dijeron desconocer este proyecto de ley, ya que es manejado por el Intur, la Presidencia y la Asamblea Nacional.
REFORMARÁN LEY 306
Como una forma de compensar la exclusión de la pequeña y mediana empresa (pyme) turística, el gobierno está preparando un proyecto de reforma de la Ley de Incentivos a la Industria Turística (Ley 306), informó la presidenta del Intur Lucía Salazar de Robelo.
Esta iniciativa pretende mejorar los mecanismos de financiamiento para las pyme turísticas siguiendo el mecanismo que se implementará con la ley de los Bonos de Inversión Turística ( BIT), aunque menos complicados
Según Michael Navas, funcionario del Intur, están trabajando la propuesta y entre otros aspectos se busca ampliar los beneficios de esta ley.
Carlos Herdocia, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), señala que el punto central de este proyecto es reducir los techos para que los pequeños empresarios tengan acceso a los beneficios fiscales con montos inferiores a los 150 mil dólares en Managua y 50 mil dólares fuera de Managua. Montos que todavía están en revisión y podrían bajar más.
Otro de los puntos tiene que ver con la forma de financiamiento. Los empresarios aseguraron que el principal problema es el financiamiento, por lo que un componente de la misma va dirigido a crear mecanismos más ágiles de acuerdo con la capacidad y organización de las pequeñas empresas.
Esto consiste en que se puedan crear bonos de incentivos que los pequeños empresarios puedan vender en el mercado nacional para financiar sus proyectos con la diferencia que los mismos no serán a través de los puestos de bolsa tal y como se establece en el proyecto de ley de los BIT para las grandes inversiones.
Uno de los puntos en los que se está trabajando tiene que ver con la creación de un fondo de respaldo para este financiamiento, que permita la posibilidad de responder en caso que el pequeño empresario no pueda hacerlo, por problemas debidamente justificados.
Esto va paralelo con el incentivo a la gran industria que según las proyecciones oficiales se espera un repunte de las pyme a partir de la creación de la demanda adicional de servicios. Esto es artesanía, pequeños restaurantes, reservas privadas, transporte turístico entre otros.
ROCES POR LEY BIT
Intur confirmó la autorización a Gran Pacífica para que inicie sus inversiones, al mismo tiempo que también confirmó que hay otras empresas a la espera de la aprobación de esta ley.
Hasta la fecha no hay proyecciones sobre las inversiones que se harán una vez que se apruebe la ley. No obstante, hay resistencia en algunos sectores del gobierno que se oponen al mismo.
