Jorge Loáisiga Mayorga
Al menos dos casos de corrupción en los que se implica al ex presidente de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Jorge Solís Farias, se estancaron en la Fiscalía General de la República, pese a que ya fueron enviados los informes policiales que determinan presunción de responsabilidad penal en los delitos de fraude y estafa contra el Estado de Nicaragua.
Uno de los casos se refiere a compras “fantasmas” de más de tres mil kilómetros de cables para teléfonos a la empresa Comercial DMSA, valorados en cuatro millones de córdobas (unos 350,800 dólares al cambio de la época), realizadas por Enitel entre 1999 y 2000, según indicaron fuentes de la Fiscalía.
Según las investigaciones policiales, de los 3,200 kilómetros de cables contratados, la empresa DMSA sólo entregó 899, quedando una diferencia de 2,301 kilómetros no entregados, pero sí pagados, lo cual constituye delitos de fraude y estafa.
Solís, según informaron en casa de su hijo Jorge Solís Argüello, está fuera del país “desde hace días”.
El informe de este caso fue enviado por la Dirección de Auxilio Judicial a la Fiscalía, desde el pasado cinco de octubre, pero ésta no ha ejercido la acción penal contra los implicados.
El caso prescribiría en enero próximo, si no ingresa a los Juzgados.
CENTENO NO RECUERDA
“Con el informe de la Policía, el Fiscal dispondrá de un plazo de cinco días para resolver en forma motivada sobre el ejercicio de la acción”, dice el artículo 225 del Código Procesal Penal (CPP), pero este período ya pasó y el Ministerio Público no ha ejercido la acción penal correspondiente.
El fiscal Julio Centeno Gómez dijo no recordar el caso y que consultaría a la Fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano. Sin embargo, a la hora de cierre de esta edición no había sido posible volver a establecer contacto con Centeno. En su oficina dijeron que había salido a una reunión.
LA PRENSA intentó comunicarse con Solórzano para consultarle sobre el caso, pero ésta no respondió su celular.
El documento fue rubricado por el teniente Tyron Hernández, oficial investigador y el subcomisionado Marvin Ordóñez Palma, jefe del Departamento de Investigaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía.
Entre las piezas de convicción que la Policía describe en su informe, señala la resolución de la Contraloría General de la República del 18 de octubre de 2002, en la que presume responsabilidad penal contra Silvio Argüello, Jorge Solís Farias y Hermes Gurdián Alfaro, todos ex funcionarios de Enitel.
Argüello y Gurdián recurrieron de amparo contra la resolución de la Contraloría por lo que el Tribunal de Apelaciones mandó a parar las investigaciones en su caso. La investigación continúo su curso contra Solís.
La Policía agrega en su informe al ciudadano costarricense Otto Mejía Chavarría, representante de la sociedad DMSA, a la cual Enitel “le compró” los 3,200 kilómetros de cable para teléfonos.
EL CASO BETETA
El otro caso que está estancando en la Fiscalía es el relacionado a las contrataciones que Solís hizo a favor del abogado Pablo Beteta, por montos de hasta nueve millones de córdobas.
Este caso, igual que el anterior, está fundamentado en un resolución de la Contraloría General de la República, en el que, entre otras cosas, concluye que Beteta recibió 9 millones 14 mil córdobas de la empresa telefónica “sin existir contratos o documentos similares, así como evidencias del servicio prestado”.
