- Organizaciones civiles alegan que promueve la privatización de los recursos hídricos del país
Moisés Martínez
La culminación de las consultas del anteproyecto para una Ley de Aguas y su posterior presentación ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional, ya ocasionó las primeras críticas de parte de los principales organismos civiles del país.
Recientemente, el presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Jaime Morales Carazo, presentó el anteproyecto final de la Ley de Aguas, el cual según el parlamentario integraría ideas y planteamientos de todos los sectores interesados en la conservación de los recursos hídricos.
Intentamos contactar a Morales Carazo para conocer su reacción ante las críticas de estos organismos civiles, pero no fue posible localizarlo.
La Ley del Agua es una de las legislaciones que más interés ha causado a nivel nacional, al punto que se presentaron tres propuestas distintas ante la Asamblea Nacional.
Una propuesta gubernamental elaborada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), otra fue presentada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, y una tercera propuesta elaborada por el organismo civil Cucúlmeca.
Sin embargo, la denominada Alianza por la No Privatización del Agua, que comprende a más de 20 organismos civiles, criticó ácidamente el proyecto final presentado por la Comisión del Medio Ambiente.
FOMENTA PRIVATIZACIÓN
La Alianza señala que la versión final prácticamente establece las bases para que se otorguen concesiones a privados para la explotación de recursos hídricos y la distribución de agua potable.
“La propuesta establece la solución o fomento de negocio a los empresarios de riego, de la agricultura extensiva y agro negocios, constructores de empresas hidroeléctricas, embalses, vendedores o exportadores de agua embotellada o cruda y las nuevas empresas de acueductos y saneamiento”, señala un comunicado conjunto de la Alianza.
Este grupo de organismos civiles cuestiona además que la ley no establece sanciones en contra de personas, empresas u entidades que han explotado sin control algunos recursos hídricos, llevándolos al punto de desaparecer.
Un ejemplo de este tipo de situaciones, de acuerdo a la Alianza, es el caso la represa Las Canoas, la que estuvo a punto de desaparecer debido al uso descontrolado del recurso que supuestamente hacían arroceros con propiedades a orillas de la laguna.
Según el comunicado, la propuesta de los parlamentarios legitima los mecanismos estatales de protección a empresas privadas que explotan irracional y gratuitamente recursos hídricos, transfiriéndoles el pago de los daños causados por estos actos a la ciudadanía en general.
ALEGAN QUE NO TIENEN REPRESENTACIÓN
La propuesta final establece también la creación de la denominada Autoridad Nicaragüense del Agua (ANA), que estaría encargada de la gestión de las aguas nacionales y sus bienes inherentes.
Sin embargo, la Alianza considera que ese organismo no tendrá una injerencia mayor en la gestión del agua que la que tendrá el denominado Consejo Nacional de Recursos Hídricos.
El problema es que la mayor representación en esta entidad la tendrán concesionarios del agua, representantes de generadoras de energía, empresas distribuidoras de agua embotellada, agroindustria del arroz y caña de azúcar, dejando a un lado a las comunidades, municipios, pueblos indígenas y organismos civiles, dice la Alianza.
Según la Alianza, su participación en el Consejo quedó limitada al papel de observadores, pero sin derecho a voz ni voto.
