Emilio Álvarez Montalván
Algo nos pasa a los nicaragüenses, que cuando empezamos a organizarnos y vivir en paz para cerrar la brecha de nuestro subdesarrollo surgen perturbaciones al más alto nivel, como esta vez en la Asamblea Nacional, que frenan el empeño constructivo, siembran la turbulencia y frenan el empeño constructivo.
Digámoslo claramente: es increíble la audacia de extirpar de la Constitución la esencia misma del sistema democrático, eso significa la ruptura del equilibrio de poderes, sin mediar la consulta popular. Ni siquiera la dinastía Somoza con sus tropelías se atrevió a remover, con las numerosas reformas parciales a la Carta Magna que patrocinó, esa delicada válvula de seguridad, incluso cuando convocaba a constituyentes
Espero que al menos esta vez la Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, asuma su responsabilidad histórica cuando trate el recurso de amparo innominado interpuesto por el Presidente de la República. La opinión pública espera que la Corte defienda la intangibilidad de los principios básicos de nuestra Carta Magna, que representa el corazón del régimen democrático. Aquellos fundamentos no pueden removerse usando el fácil expediente de cambios parciales. En la Corte hay jurisconsultos de nota, especialistas en derecho constitucional, profesores y autores de la materia en las universidades, que no querrán manchar su prestigio académico y personal, contrariando lo que enseñan en las escuelas de Derecho. Sería una grave contradicción si no deciden pronto la suspensión del acto denunciado.
Por otra parte, es de rigor que en la próxima reunión de presidentes de la República del área centroamericana, convocada para esta semana, el gobernante Bolaños denuncie el abusivo proceder de la Asamblea Nacional, como un evidente golpe de Estado, al asumir poderes de Constituyente que carece. ¿Cómo puede hablarse de una comunidad regional democrática si en uno de sus miembros se rompe el equilibrio de poderes y se vuelve el ideal unionista una gran payasada? Ya la Corte Suprema, en memorable sentencia distinguió lo que es materia principal de la Carta Magna, de lo que es regulación y coordinación administrativa.
La única explicación a esta sorpresiva y veloz reforma es que los dos caudillos están empavorecidos e inseguros porque alguna fuerza superior pretenda sacarlos del juego político, y por ello resolvieron unirse en su debilidad y armar una línea de defensa acaparando poder para resistir.
Y es aquí donde interviene la importancia de la sociedad, cuya fuerza está por ahora adormecida, creyendo equivocadamente que la crisis actual es de exclusiva incumbencia de las élites políticas y que por tanto no le afecta y debe mantenerse al margen. Todo lo contrario, la sociedad debe organizarse y movilizarse para defender sus derechos e intereses y lo que es aún más importante, echar las bases para que promovamos una nueva forma de gobernarnos que no sea el caudillismo, fuente de atraso y corrupción. La idea principal no es defender al Presidente y su gobierno, quien tiene su propia dinamia o promover a un nuevo dirigente, sino defender a la República que está en riesgo de naufragar.
Por lo demás debemos entender que los caudillos no son genios que surgen por generación espontánea, sino que somos nosotros mismos los que los hacemos posible. Y mientras no nos reformemos tendremos a esos personajes que imponen su voluntad, solos o acompañados
Por ejemplo, nuestra costumbre de buscar protección del poder público gestionando no el respeto a las leyes sino gangas y prebendas fáciles contra la ley. Ello construye al caudillo, siempre listo a hacernos cómplice de sus manejos a cambio de las dádivas que proporciona.
Mientras tanto ya aparecieron los zancudos que siguen a los caudillos como la sombra al cuerpo. Ya el PLC aceptó su papel de colaboracionista incondicional del FSLN a juzgar por la reciente elección del Procurador de Derechos humanos. Para un partido tan importante es ese un rol decadente y desacreditado.
El autor es analista político.
