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El que no la hace, la paga
Sin dudas que tienen razón los médicos y demás trabajadores de la salud en el sector público que demandan aumento de sus salarios o sueldos. Los médicos, sobre todo, deberían ganar sueldos equivalentes a la calidad y complejidad de su profesión y sus especialidades, y correlativos a la costosa inversión que exige su formación y actualización profesional.
En realidad, es inaudito que un médico reciba un salario de dos mil a dos mil quinientos córdobas, mientras los altos y medianos funcionarios de los poderes públicos reciben de cinco mil dólares para arriba, más diversos beneficios adicionales. De manera que es justo y necesario que los médicos y demás trabajadores de la salud pública presionen por conseguir mejores salarios.
Pero, ¿por qué tienen que desquitarse con quienes no son culpables de sus bajos salarios? ¿Por qué castigar a las personas más pobres, que son las que en su mayoría acuden a los centros de salud pública, negándoles la atención que necesitan para curar o aliviar sus dolencias? ¿Por qué no buscar otras formas de lucha para presionar a los únicos que pueden decidir los aumentos de salarios en el sector público —Gobierno Central y Asamblea Nacional—, en vez de hacer huelgas que sólo perjudican a quienes no tienen culpa de los malos salarios y necesitan imperiosamente el servicio público de salud?
Prácticamente toda la sociedad simpatiza con las demandas de aumentos salariales de los trabajadores de la salud. Y no sólo eso. La gente admira a quienes atienden la salud ajena en áreas rurales de difícil acceso y precarias condiciones; agradece los esfuerzos y logros del personal médico-sanitario en la prevención y manejo de las enfermedades epidémicas y endémicas; reconoce la solicitud con que se atiende a las mujeres embarazadas y parturientas y a los neonatos y niños de primera infancia; agradece infinitamente a quienes salvan muchas vidas humanas.
Por eso no se puede entender cómo es posible que esas mismas personas que curan a los enfermos, salvan vidas humanas, atienden con cariño a sus pacientes, de repente le niegan a la gente humilde la atención que se necesita en los hospitales y otros centros de salud.
Las personas no pueden decidir en qué momento deben enfermarse ni cuándo permanecer sanas. Las enfermedades humanas no son en sí mismas problemas socio-políticos, no pertenecen a los manuales de lucha de clases y, por lo tanto, nadie puede abstenerse de contraer una enfermedad para mientras los trabajadores de la Salud están en huelga por demanda de aumento salarial, o cualquier otro motivo.
Por su parte, quienes trabajan en el servicio público de salud saben pero al parecer lo olvidan que nunca se debe negar atención sanitaria a las personas enfermas que la demandan y necesitan. El ejercicio de la medicina y la enfermería tiene una índole humanista a la que no se puede ni se debe renunciar por ninguna razón o circunstancia.
Todas las profesiones y oficios tienen sus regulaciones y límites éticos. Pero un abogado puede no atender la causa o problema de cualquier persona, si no le conviene o simplemente no le apetece hacerlo, y con esa negativa no perjudica a nadie ni viola ninguna regulación ética ni principio humanista. En cambio el médico o la enfermera que por la razón que sea se niega a atender a un enfermo, viola los principios éticos y humanistas que determinan el ejercicio profesional de la medicina y la enfermería.
Se conoce que al menos en cuanto al lenguaje, la medicina se parece a la política. Por ejemplo, de un país en crisis se afirma que “está enfermo”; de una persona que sufre una infección se dice que su organismo está siendo “atacado” por virus y que sus “defensas” están bajas o han sucumbido. Y al grave problema de la corrupción se le llama “un cáncer que destruye al organismo social”.
Pero al parecer no sólo en las palabras sino también en la práctica, la salud pública se ha confundido con la política. Tanto que el gremio médico-sanitario es dirigido por políticos profesionales para quienes atender enfermos es lo mismo que hacer pactos y dictar leyes partidistas en la Asamblea Nacional.
