- Diputados establecen costosde los cobros extrajudiciales
Mario José Moncada
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Más límites para el negocio de tarjetas
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Diputados establecen costosde los cobros extrajudiciales
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Mario José Moncada
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) concluyeron ayer la aprobación de la Ley de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito, optando por imponer límites a los costos por cobros extrajudiciales que los tarjetahabientes deben asumir, en dependencia del límite de crédito autorizado por la empresa emisora.
Los parlamentarios demandaron al Presidente de la República, Enrique Bolaños, la pronta promulgación de la nueva legislación que declararon de interés público y social.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel, declaró que apoya en lo personal las medidas contempladas en la nueva ley, si son para beneficio del público.
El vocero de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz, dijo que el Poder Ejecutivo analizará el texto final de la ley antes de emitir una opinión.
LOS LÍMITES
“Aquí se acabó el relajo en torno a los altos costos que un usuario tenía que asumir cuando enfrentaba un cobro extrajudicial por la empresa emisora para pagarle a un abogado”, aseguró el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, mientras se desarrollaba el debate parlamentario en que se terminó de aprobar la ley, cuyas primeras iniciativas fueron introducidas en el Parlamento en 1997.
Los diputados aprobaron un artículo mediante el cual dejaron establecido que en concepto de cobros por costos extrajudiciales, en todos aquellos contratos de uso de tarjeta de crédito cuyo límite de crédito sea menor al equivalente a 1,500 dólares, no podrán exceder los 10 dólares.
Agregaron que cuando el límite de crédito sea superior a los 1,500 dólares, el pago que deberá hacer el usuario por esos costos extrajudiciales será equivalente al uno por ciento del saldo adeudado.
Los diputados también decidieron otorgarle facultades a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), para que elabore las normas de la nueva legislación y apruebe los nuevos contratos que firmarán las empresas emisoras y los tarjetahabientes, a más tardar en seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
La SIB también deberá vigilar el cumplimiento de las promociones y rifas que regularmente realizan las empresas emisoras con el fin de incentivar el consumo a través de las tarjetas de crédito.
Para protección del interés público y conscientes de que las líneas de crédito otorgadas en las tarjetas de crédito corresponden en parte a los depósitos del público, en el caso de que la empresa emisora sea un banco, los parlamentarios aprobaron otro artículo que permitirá a las entidades emisoras compartir información sobre el historial de pago del usuario.
“Creemos que esto ayudará a bajar los riesgos para las empresas emisoras y para los mismos depósitos del público, lo que a su vez ayudará a bajar los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito”, consideró Navarro.
CAUTELA EN EL EJECUTIVO
El Poder Ejecutivo reaccionó con cautela a la aprobación de la Ley de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito, la cual, según el diputado liberal Wilfredo Navarro, será enviada “a la mayor brevedad” al Presidente de la República, Enrique Bolaños, para su promulgaión o veto, según lo disponga.
“Vamos a emitir una posición oficial cuando el cuerpo de la Ley sea remitido al Presidente de la República, pero creo que si hay consenso en torno a esa ley no debe haber mayor problema para su promulgación”, declaró en términos escuetos el vocero presidencial, Lindolfo Monjarretz.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Eduardo Montiel, aseguró que no conocía el texto final de la ley y que el Gobierno todavía no tiene decidido cuál será la decisión que tomará en torno a la misma.
No obstante, en lo personal Montiel dijo que si algunas de las medidas van encaminadas a proteger al consumidor, las considera “correctas”.
Añadió que muchas de las medidas contempladas en la nueva ley, que no precisó, ya están siendo aplicadas en otros países y sostuvo que “han sido adecuadas”.
Montiel adelantó que en los próximos meses el Banco Istmo de Panamá podría iniciar operaciones en Nicaragua en el negocio de las tarjetas de crédito, lo que a su juicio fomentará la competencia.
En Nicaragua las empresas emisoras del llamado “dinero plástico” son Aval Card y Credomatic, así como los bancos Uno, Bancentro, BAC, BDF y Banpro. El Caley Dagnall es el único de los bancos del país que no emite tarjetas de crédito.
Estas entidades atienden a poco más de 200 mil tarjetahabientes que reúnen una cartera de crédito de 165 millones de dólares.
