María José Uriarte R.
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Sugieren referéndum tras reformas
María José Uriarte R.
La ciudadanía debería impulsar una iniciativa para que los diputados de la Asamblea Nacional emitan un decreto legislativo que tenga como objetivo la celebración de un referéndum que apruebe o desapruebe las reformas constitucionales que actualmente se están aprobando.
La propuesta la hizo esta semana el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, quien señaló que esta iniciativa ciudadana debe impulsarse ante la posibilidad de que el Poder Judicial en sus diferentes instancias resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que eventualmente se interpongan contra las reformas que se aprueban.
“Se deben ir creando las condiciones para que una vez aprobadas definitivamente las reformas, el pueblo, verdadero soberano, pueda ratificarlas o rechazarlas. Hay que dar a los diputados otra oportunidad de no despreciar la voluntad popular. Ellos deben entender que las últimas elecciones fueron para alcaldes y concejales y no para diputados constituyentistas”, señaló Álvarez.
El jurista indica que la gravedad de la situación institucional de Nicaragua exige acciones urgentes para recuperar la gobernabilidad del país.
MINISTROS PODRÍAN AMPARARSE
Álvarez sostiene la tesis que los funcionarios de gobierno que se sientan afectados por las recién aprobadas reformas constitucionales, y que pretenden facultar a los diputados para que los ratifiquen en sus cargos, tienen la opción de recurrir de amparo, bajo la premisa de amenaza de violación de su derecho constitucional al trabajo.
UNA POSIBILIDAD ABIERTA
Recuerda que el Tribunal de Apelaciones dejó abierta esa posibilidad al dar trámite al recurso de amparo, presentado por jueces, cuando se pretendía impulsar el dictamen de minoría de la Ley de Carrera Judicial, cuyo contenido establecía que los funcionarios del sistema judicial tendrían que poner su cargo a disposición y someterse a un examen, lo que fue considerado como una violación a su derecho al trabajo.
Para Álvarez, no necesariamente esa actuación de la CSJ sienta un precedente, pero no se debe obviar que da oportunidad para todos los ciudadanos, por el principio de igualdad de la ley.
“Quiere decir precisamente que si a un ciudadano se le puede proteger de determinada manera, no existe ninguna razón para que otro ciudadano no pueda utilizar los mismos mecanismos y con las mismas consecuencias en materia de protección de derechos”, argumentó el especialista.
Considera que si los funcionarios de gobierno deciden recurrir de amparo, la posición de la CSJ sería delicada, si no logra fundamentar los motivos por los que no resuelve de la misma forma que lo hizo con los jueces, cuando se ampararon sin evidenciar un interés político.
