Luis Felipe Palacios
La Asamblea Nacional, controlada por liberales y sandinistas, rechazó ayer dos nuevos vetos al Presidente de la República, referido a la Ley de Carrera Judicial, y al artículo cinco que reforma la Ley de Transferencias a los Municipios de Nicaragua.
El diputado liberal Donald Lacayo, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que “por razones de hecho, derecho y jurisprudencia” rechazaron el veto parcial a la Ley de Carrera Judicial, enviado por el presidente Enrique Bolaños.
El Ejecutivo vetó el artículo 3 sobre la integración del Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, y había sugerido que el mismo no estuviera únicamente compuesto por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, a juicio de Lacayo, los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para vetar parcialmente la Ley de Carrera Judicial, no contenía “elementos justificativos ni de convencimientos jurídicos” para aprobar el veto al Ejecutivo.
¿CONSENSO O PACTO?
En tanto, el coordinador de la bancada sandinista Edwin Castro, dijo que era obvio el rechazo al veto del Ejecutivo, porque la aprobación de la Ley de Carrera Judicial contó con el “consenso” de dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial.
“Hay que rechazar este veto, porque es increíble que los asesores jurídicos de la Presidencia recomienden a Bolaños que mande un veto que implica una violación a la Constitución”, dijo el también sandinista Bayardo Arce.
El veto a la Ley de Carrera Judicial fue rechazado con 70 votos a favor y cero en contra.
LOS MUNICIPIOS
El otro veto rechazado es la reforma al artículo cinco de la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios, el cual el Ejecutivo planteaba la entrega de 4.5 por ciento de los ingresos a los municipios, y no seis por ciento, a como quedó aprobado.
En el proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República para el 2005, el Ejecutivo destinaba 4.5 por ciento de los ingresos previstos a recaudar, es decir 553.7 millones de córdobas, para los municipios del país.
Sin embargo, al rechazar el veto, los municipios recibirán seis por ciento de los ingresos, es decir 738.3 millones de córdobas, 184.6 millones más del proyecto inicial propuesto por el Ejecutivo.
