Emilio Álvarez Montalván
Los cambios a la Constitución política, aprobados por la Asamblea Nacional en primera legislatura, propone un parlamentarismo hechizo que es un dislate. En efecto, al despojar al Poder Ejecutivo de gran parte de sus atributos constitucionales, desgarra el esquema clásico de la separación de poderes y el equilibrio entre ellos, que asegura un régimen democrático. El genio de Montesquieu fue concebir un sistema, de pesas y contrapesas, que supera la contradicción histórica entre poder y control del mismo. El secreto es que otorga poder específico, igual e independiente a cada uno de los tres pilares, obligándolos a coordinarse, impidiendo el predominio de ninguno de ellos, evitando así la dictadura. Crea así un régimen ordenado, sea presidencialista o parlamentarista, republicano o monárquico, federal o unitario, pues cada uno tiene su manera de mantener el balance de poderes.
Desafortunadamente en Nicaragua se ha quebrado periódicamente el esquema democrático, ya sea por el líder victorioso de una guerra civil (Zelaya, 1893; FSLN 1979) o bien, el jefe del Ejército (Somoza García) o pactos espurios entre oposición y gobierno (1939, 1949, l950, 1971). Y cuando después de tres elecciones libres empezábamos a consolidar la transición a la democracia sobreviene un golpe mortal a la Constitución proveniente de la Asamblea Nacional por decisión arbitraria de los dos partidos mayoritarios, que restauran la cultura caudillesca bicéfala sin consultar con la opinión pública, alteran do las reglas del juego refrendadas hace apenas tres años por una elección libre. Por lo menos el presidente Chávez convocó a un referéndum que legitimó los cambios constitucionales. Por lo demás, esas reformas ponen en aprietos al Ejército, que por el artículo 95 constitucional está obligado a respetar y hacer respetar la Constitución.
Iba Nicaragua consolidando la transición después de celebrar tres elecciones consecutivas. Por tanto es intolerable que el contubernio PLC-FSLN en su afán de acosar al presidente Enrique Bolaños, protagonice un golpe de Estado técnico que destruye lo esencial del Pacto-Nación convenido, que es el equilibrio de poderes. Alegar que es un experimento que debe tolerarse es infantil, pues equivale a dar un cheque en blanco a una mayoría temporal que decide cambiar caprichosamente el modelo de régimen que habíamos acordado. Justificar ese atropello, argumentando que en EE.UU. los nombramientos de ministros y embajadores debe confirmarlos el Senado es ignorar que esa práctica fue pactada desde la fundación de la Unión Americana cuando los Estados exigieron ese requisito para asociarse a la Federación.
Peor aún; las reformas colocan la estabilidad, no en la relación equipotencial de instituciones como es de rigor, sino en el acomodo personal de dos caudillos, lo cual es un evidente retroceso. Distintas fueron las reformas parciales a la Constitución del 21 de enero de 1990; 23 de febrero de 1995 y 14 de junio del 2000, las que con aciertos y errores fueron operativas o administrativas, que dieron un toque parlamentarista sin alterar la esencia del sistema democrático, que es el equilibrio de los poderes públicos.
Por lo demás, nuestra historia revela la fragilidad de la cultura caudillesca, donde permanece una solapada desconfianza. Así sucedió con el pacto “providencial” Jerez-Martínez que al reelegirse éste duró cuatro años. A su vez el acuerdo de Zelaya con los subcaudillos leoneses sobrevivió apenas 36 meses, cuando éstos se sublevaron al constituirse dictador Zelaya. De manera similar, el “pacto de los generales” terminó al anunciar Somoza García su regreso al mando. Finalmente el de Somoza Debayle-Agüero naufragó antes de los dos años.
Y en cuanto al novísimo arreglo Ortega-Alemán, vive en inestabilidad permanente . Recordemos las parálisis de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Consejo Electoral, Procurador de Derechos Humanos, de la Juventud y Superintendencia de Bancos, amén de la discordia actual en el CSE por compras irregulares. ¿Qué sucederá cuando vuelvan a querellarse los dos caudillos, sino la congelación del Estado? ¿Qué dice de todo esto la OEA? Es lógico entonces que la comunidad donante dude que los fondos de ayuda que entregue serían administrados por un dúo que procede festinadamente.
El autor es analista político.
