Freddy Potoy Rosales
MADRID, ESPAÑA.— En la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que será celebrada en Túnez, en noviembre del 2005, se conocerán nuevos temas en este ámbito, pero sin duda que uno de los puntos que llamará la atención es el trabajo que pueda presentar el Grupo de Naciones Unidas de Gobierno en Internet que fue aprobado por los países participantes durante la primera fase de dicha cumbre celebrada en Ginebra, en diciembre del 2003.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado un grupo especializado en Internet para combatir el spam y los cyberdelitos. Este grupo (salido de más de 250 expertos en informática) tiene como tarea contrarrestar las actuaciones ilícitas como el spam (envío de publicidad sin consentimiento), fraudes económicos, pornografía infantil, seguridad en la red, protección de datos y la gestión de los recursos en Internet.
Todas las propuestas discutidas alrededor de lo que debe hacer este grupo de Naciones Unidas, serán votadas el 15 y 16 de febrero del 2005, lo que implica un esfuerzo extraordinario para presentar aspectos concretos en noviembre del 2005, o, cuando menos, un avance de lo tratado en 2004 y casi todo el 2005.
El desarrollo y la potencia de las nuevas tecnologías, aunque facilitan mucho las tareas de todo tipo, no menos cierto es que también son utilizadas para fines ilícitos y sobre este aspecto los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), aprobaron en junio un presupuesto de 45 millones de euros para un programa plurianual (2005-2008) denominado “Internet más Seguro Plus” con el que se pretenden combatir los contenidos ilícitos y perjudiciales en la red, especialmente la pornografía infantil.
El punto es que cada día los legisladores o funcionarios de los Ejecutivos de países con visión de futuro están en constante estudio y actualización de los problemas que se presentan en el ámbito de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, y a partir de ahí plantean respuestas encaminadas a tomar medidas técnicas que permitan al usuario limitar el volumen de contenidos no deseados que recibe, evaluar la eficacia de las actuales tecnologías de filtro y desarrollar otras nuevas.
Al menos en Europa los países que hagan caso omiso a medidas adoptadas en el entorno de la UE y que son para beneficio de los 25 países miembros, son denunciados ante el Tribunal de la Unión Europea y se les abre expediente. Así lo pueden recordar los ocho Estados comunitarios que recibieron un ultimátum en abril del 2004 cuando se les advirtió que serían denunciados si no trasladaban a sus legislaciones nacionales la directiva para la Protección de la Vida Privada y las Comunicaciones Electrónicas. Entre estos Estados se encontraban Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Finlandia.
Estos ejemplos deben ser retomados por los países de América Latina, donde la legislación en materia de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, aún no es la adecuada en el mejor de los casos, y en el peor de los escenarios, varios países no tienen cuerpos normativos encaminados a proteger a sus ciudadanos en un mundo donde lo virtual dejó de ser ciencia ficción hace varios años.
