José Adán Guerra P.
Algunos diputados sandinistas introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua para detener la destrucción de cohetes antiaéreos portátiles del tipo C-2M, popularmente conocidos como Sam-7. Como sabemos, el Presidente de la República, había ordenado su destrucción en correspondencia con las legítimas facultades que le confiere la Constitución Política como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, acción que fue respaldada oportunamente por una resolución de la Asamblea Nacional.
En un esfuerzo por confundir a la opinión pública, se ha dicho que esos cohetes valen varios miles de dólares cada uno, argumentando que Nicaragua no puede perder ese patrimonio. La realidad es que, en la actualidad, el valor comercial de este tipo de armas es nulo, pues ningún gobierno serio y democrático ni organismo internacional apegado a derecho, se atrevería a adquirir los cohetes. Las Fuerzas Armadas respetuosas del sistema internacional solamente podrían comprar este tipo de armas de manos de sus legítimos fabricantes y de tecnología actual. Por esa razón, los Sam-7 más bien constituyen una carga al ya limitado presupuesto militar por los altos costos implícitos en el resguardo de los mismos. Sería interesante saber de los detractores del Jefe Supremo del Ejército quiénes son los interesados en comprar esas armas; por supuesto, aparte de los terroristas. Como se recordará, en el 2001 un avión civil israelí volando sobre Kenya fue derribado por uno de estos misiles, causando la muerte de civiles inocentes.
En la década de los años 80, el sandinismo endeudó a Nicaragua en más de 10 mil millones de dólares para comprar y sembrar minas antipersonales que aún siguen matando o mutilando a los inocentes que las pisan; endeudó a Nicaragua para comprar cohetes tierra-aire y armamento de todo tipo, para que hermano matara a hermano y poder así sostener a un gobierno autoritario que causó gran miseria al pueblo que hizo caer a Nicaragua al abismo del segundo lugar en la escala de pobreza y miseria continental. Entonces, ¿este tipo de armas para qué?
Desde 1990, los esfuerzos por construir la paz a través del desarme han sido muchos. Se destruyeron cientos de miles de armas de guerra que estaban en manos de la población civil y, a través del Programa Nacional de Desminado, impulsado con mayor vigor por el Gobierno actual, se han destruido 135 mil minas antipersonales en arsenal y removido otras 115 mil de los campos minados. Adicionalmente, los especialistas del Ejército de Nicaragua han destruido más de medio millón de artefactos remanentes de guerra que estaban abandonados y que significaban enorme peligro para la población civil. En efecto, todas estas armas en su momento fueron adquiridas a costa de un gran endeudamiento pero hoy tampoco valen nada. Los programas de desarme, como el del desminado, se han hecho sin protesta ni Recurso de Amparo de parte de nadie alegando desconocer la autoridad del Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, ni por alegato de preservar los valores monetarios de esos inventarios. Gracias a Dios ya no queda ni una sola mina antipersonal en almacén. Entonces, ¿minas para qué?
De manera similar, desde el inicio del Gobierno de la Nueva Era, el Presidente de la República en su condición de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua ha instruido la destrucción gradual del inventario de cohetes tierra-aire, de acuerdo con lo convenido con los hermanos países centroamericanos en el Balance Razonable de Fuerzas de Defensa. En todo este proceso se ha contado con el respaldo y colaboración del Ejército de Nicaragua que, como institución altamente profesional, comprende así su nuevo rol en la etapa actual de nuestra historia. Hasta hoy, ya hemos destruido más o menos la mitad de esos cohetes.
La decisión del presidente Bolaños ha generado simpatía en la comunidad internacional y ha sido reconocida globalmente como una acción firme a favor de la paz, la seguridad hemisférica y en contra del terrorismo. Hoy Nicaragua es vista como un país líder en el modelo de seguridad democrática, que promueve la estabilidad del país no por la vía de las armas, sino a través de la lucha contra la pobreza y la promoción de inversiones para el bienestar de la sociedad.
En vez de haber gastado 10 mil millones de dólares en armas para una guerra entre hermanos, pudimos haber invertido ese dinero para el desarrollo del país. Como el presidente Bolaños ha señalado en varias oportunidades, en vez de gastarlos en armas pudimos haber construido 10 mil kilómetros de carreteras, 17 súper institutos de secundaria e igual número de mega hospitales para cada cabecera departamental, y aún así nos hubieran sobrado más de cuatro mil millones de dólares para otras inversiones en beneficio del pueblo.
Todos comprendemos que el apetito ideológico del sandinismo no le permite reconocer la pobreza y miseria que causó a los más necesitados del país. ¡Esta es la verdad sobre los Sam-7!
El autor es Ministro de Defensa
