Johnny Cajina Guillén
La Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó ayer una serie de barreras que podrían ser removidas para explotar mejor la energía renovable en Nicaragua, rubro que sigue a la espera de la aprobación de una serie de leyes que beneficien su desarrollo.
Durante un seminario organizado por la CNE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analizaron los instrumentos legales vinculados a las energías renovables y a la legislación ambiental del país.
El planteamiento de la CNE es que existen debilidades en el establecimiento de normativas ambientales y una escasa legislación ambiental para el sector energético, a lo que se suma la falta de regulaciones para la promoción del uso racional de los recursos naturales.
En cuanto a tributaciones se refiere, tampoco se propicia el establecimiento de políticas de incentivos y beneficios económicos en relación al ambiente y a la exoneración de impuestos para tecnologías limpias, según la CNE.
Por su parte, Raúl Solórzano, presidente de la CNE, mostró su preocupación porque, por ejemplo, aún no se discuten en el Parlamento la Ley de Promoción de la Energía Renovable y la Ley Para la Generación Hidroeléctrica de 30 megavatios.
“Hay un exceso de leyes que maneja la Asamblea Nacional y aparentemente tienen mucho más importancia para los legisladores. Son leyes que aunque no lo parezcan son muy importantes y he percibido que tienen el apoyo de la Comisión (parlamentaria) de Energía”, expresó Solórzano.
El funcionario consideró que los diputados están claros de los beneficios del uso de energía producida con recursos propios, lo cual evitaría el excesivo uso del petróleo. La aprobación de estas leyes relacionadas con la explotación energética, podría generar muy rápidamente una estabilización o hasta una reducción en las tarifas que pagan los usuarios del servicio eléctrico, explicó.
El diputado Agustín Jarquín, de la Comisión de Energía, aseguró a LA PRENSA que en lo que respecta a la energía renovable, su discusión depende del análisis que realice el Ministerio de Hacienda, debido a que dicha ley únicamente contiene incentivos fiscales para el sector energético.
“Debemos saber si existen objeciones por parte de Hacienda, Ministerio que desconocía la ley. Pero como también se habla de excepciones municipales, hemos pedido a las alcaldías las respectivas consideraciones”, explicó.
