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La reforma tras bambalinas
Se dice que la pobreza material y el atraso de la cultura política de un país se manifiestan también en su inestabilidad constitucional. Está comprobado que los países más pobres son los que con frecuencia cambian o reforman sus constituciones. Por el contrario, en las naciones desarrolladas y ricas las constituciones son duraderas y las reformas constitucionales no se hacen por cualquier motivo coyuntural, mucho menos para repartir prebendas y proteger a líderes corruptos.
Por otro lado, la inestabilidad constitucional e institucional no sólo es consecuencia sino también causa del atraso material, sobre todo de la pobreza cultural e intelectual de la clase política, así como de la incapacidad de los ciudadanos para elegir buenos representantes y gobernantes.
Lo anteriormente dicho no significa que el sistema político y, por lo tanto, la Constitución de Nicaragua no necesiten reformas para ser mejorados. Por el contrario, en la norma constitucional nicaragüense hay vacíos, parches y contradicciones que necesitan ser llenados, corregidos y resueltos.
Sin embargo, no es para eso que los diputados del PLC y el FSLN están promoviendo una nueva reforma constitucional. Su propósito es renovar el pacto libero-sandinista y disponer otra gran repartición del botín estatal, ahora quitándole atribuciones y potestades al Presidente de la República para pasarlas a la Asamblea Nacional, o sea a los mismos diputados y a las cúpulas de sus partidos, PLC y FSLN.
Además, con las nuevas reformas constitucionales los sandinistas pretenden comenzar a establecer un régimen político de corte asambleísta, que en una siguiente fase sería el retorno a su pretendida “democracia popular”. O sea lo mismo que ya impusieron en los oscuros años ochenta, cuando ayudados por otros “tontos útiles” gobernaron el país a sangre y fuego, por medio de la violencia política y militar.
Por supuesto que la “democracia popular” sandinista sería restaurada bajo una nueva modalidad -del supuesto régimen parlamentario-, porque las circunstancias del país y del mundo son ahora muy diferentes a las del período 1979-1990. Y si el FSLN no lograra imponerse en las próximas elecciones nacionales, de todas maneras saldría ganando porque el mayor poder acumulado ahora en la Asamblea Nacional le permitiría seguir influyendo de manera determinante en la composición y el ejercicio de todos los poderes públicos.
La cúpula del PLC, a su vez, se presta al juego sandinista no porque se hubiese convertido en socialista, sino por oportunismo, porque apoyando la aventura sandinista de la “parlamentarización” del Estado podrían obtener la libertad de Arnoldo Alemán y, además, conseguirá nuevas cuotas de poder y una mejor parte del botín presupuestario.
Los arnoldistas creen que el PLC ganará las elecciones presidenciales del 2006. Ellos parten de la suposición de que la mayor parte de los nicaragüenses sigue siendo anti-sandinista y que volverá a votar por un candidato liberal, quien quiera que sea. Y en ese caso el PLC podría volver a reformar la Constitución a fin de restablecer las potestades constitucionales del Presidente de la República que ahora están cercenando no sólo por ayudarle al FSLN, sino también porque quieren “castigar” a su nuevo mortal enemigo, que es el presidente Bolaños. Y en definitiva, no cabe duda de que los dirigentes arnoldistas del PLC seguirían desempeñando con gusto el rol de “zancudos” del Frente Sandinista, en el caso de que éste ganara los próximos comicios presidenciales.
De manera que es sólo politiquería lo que hay detrás de la nueva reforma constitucional que están impulsando las bancadas del PLC y el FSLN. Ciertamente, si los directivos de estos partidos quisieran mejorar el sistema político, su reforma constitucional no sólo le quitaría atribuciones al Poder Ejecutivo para pasarlas al Poder Legislativo, sino que también le atribuiría al Presidente de la República la facultad de disolver la Asamblea Nacional —que es una característica esencial e indispensable del sistema parlamentario-, así como también cambiaría el sistema de elección de los diputados para que los ciudadanos no sigan obligados a avalar las escogencias de las cúpulas partidistas, sino que pudieran elegir directamente a los parlamentarios.
Pero, por supuesto que las bancadas pactistas jamás aprobarían unas reformas como esas.
