PLC y FSLN pactan piñata

Son dos leyes que buscan un mismo fin: crear una institución que se ocupe de los asuntos de la propiedad y dejar fuera de ella al Poder Ejecutivo. Por medio de dos anteproyectos de ley, denominados Ley Creadora de la Superintendencia de la Propiedad Reformada Urbana y Rural y Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de la Propiedad, el Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pretenden arrogarse la solución de los conflictos de la propiedad en Nicaragua.

La primera ley, Superintendencia de la Propiedad, fue propuesta por la bancada del FSLN, y la otra, Instituto de la Propiedad, fue introducida por la bancada del PLC. Ambos anteproyectos de ley ya se encuentran en la Asamblea Nacional.

Están bajo discusión para ser fusionados y aprobados antes de que culmine este año.

LA LEY SANDINISTA

El anteproyecto de la Superintendencia de la Propiedad fue presentado por la bancada sandinista ante el Primer Secretario de la Asamblea Nacional, diputado Miguel López Baldizón, el pasado 8 de noviembre.

En la exposición de motivos, los diputados argumentan que si bien la Ley 278, Ley Sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, que entró en vigencia el 16 de diciembre de 1997, logró avanzar en la solución definitiva de los problemas de propiedad, desde el 2001 se ha estancado por reformas administrativas de los mecanismos de solución y órganos de aplicación, lo que “ha imposibilitado la solución definitiva de un problema que los nicaragüenses ya creían estaba resuelto”.

“En términos concretos, la titulación de los beneficiarios o la indemnización de los nicaragüenses injustamente afectados, se han paralizado dramáticamente, reabriendo el polémico tema de la propiedad y no por insuficiencias o vacíos en la Ley 278”.

“Es por ello que en la búsqueda de dinamizar y acelerar la solución del tema de la propiedad, los suscritos hemos considerado la necesidad de sacar la solución del tema de la propiedad del ámbito de aplicación del Poder Ejecutivo. No se trata de desaparecer los órganos y procedimientos ya establecidos, todo lo contrario, se trata de poner el tema de la propiedad en manos de un órgano especializado, autónomo, independiente, que al margen de situaciones políticas le dé solución adecuada a la problemática planteada”, dice la parte de exposición de motivos.

LA LEY LIBERAL

A la par de la Ley Creadora de la Superintendencia de la Propiedad, que presentaron los sandinistas, los liberales crearon un anteproyecto de ley denominado Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, el cual cuenta con apoyo de la bancada sandinista.

Incluso, ya existe agregado a este anteproyecto, un dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el cual textualmente dice que “después de haber analizado los objetivos y el fin que se pretende perseguir con este proyecto de ley, y en base a las consideraciones anteriormente señaladas y que la misma no contradice nuestra Constitución Política ni leyes constitucionales, los suscritos diputados dictaminamos favorablemente el Proyecto de Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, por lo que le pedimos al honorable plenario su aprobación respectiva”. Abajo aparecen esperando firma los nombres de los diputados Wilfredo Navarro, René Nuñez, Bayardo Arce Castaño, Jorge Matamoros, Carlos Noguera, Jamileth Bonilla, Wálmaro Gutiérrez, Orlando Tardencilla, Enrique Quiñónez y Roberto Rodríguez.

La diferencia entre las dos leyes es que los liberales proponen un Instituto con duración de dos años en los cargos, y la bancada sandinista una Superintendencia con duración indefinida.

EJECUTIVO QUEDA FUERA

Ambos anteproyectos, de entrada ordenan la creación de la institución, “correspondiéndole exclusivamente y como instancia especializada, la atención de todos los asuntos de carácter administrativo, relacionados con la problemática de la propiedad reformada urbana y rural”.

El segundo artículo de los anteproyectos señala que la ley transfiere a la Superintendencia de Propiedades o al Instituto de la Propiedad, las facultades, funciones y atribuciones pertenecientes a la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, específicamente lo establecido en el Capítulo III artículo 21, literal J) de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Esta parte de la ley, que pasaría del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de la Propiedad, dice textualmente que es función y atribución del Ministerio de Hacienda “atender y resolver los reclamos por confiscaciones, apropiaciones y ocupaciones de bienes; cuantificar el monto a indemnizar y ordenar el pago; revisar y tramitar la solicitud de titulación de bienes inmuebles del Estado y sus instituciones”.

SÚPER PODERES

Es decir, todo lo que tiene que ver con el problema de la propiedad quedará en manos de los funcionarios que el PLC y el FSLN elijan para ocupar el cargo de la Superintendencia o Instituto de la Propiedad.

Además, al Superintendente de la Propiedad se les transfieren las funciones, mandatos y decretos que sobre el tema de la propiedad se hayan emitido, estén o no establecidos en la Ley 278; ejercerán también las funciones que para el tema de la propiedad establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene a su función una Procuraduría de la Propiedad que revisa los reclamos y ordena a la Tesorería General de la República el pago de las indemnizaciones correspondientes.

La nueva institución adquiriría, al mismo tiempo, las funciones de la Notaría del Estado, específicamente la facultad de autorizar escrituras, referentes a actos y contratos en que participe o tenga interés el Estado, según se plantea en el artículo 2, numeral cuatro de ambos anteproyectos de ley.

HIJOS DEL PACTO

Para nombrar a los superintendentes se requerirá del 60 por ciento de los votos de los diputados de la Asamblea Nacional.

Los diputados elegirán a un Superintendente y un Vicesuperintendente de la Propiedad, de listas separadas que presenten los mismos legisladores de la Asamblea Nacional.

El Superintendente y su vice tendrán rango de ministros y sólo responderán ante la Asamblea, quien los podrá destituir del cargo con la aprobación del 60 por ciento de los votos.

La creación de esta institución necesitará presupuesto propio. La solución a los conflictos que pudiese crear la Superintendencia o Instituto, sólo podrán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

NUEVA PIÑATA ARRIESGA “WAIVER” Y ESTABILIDAD ECONÓMICA DE NICARAGUA

Funcionarios del pacto recibirían millones de dólares en bonos, fondos y propiedades públicas

La aprobación en la Asamblea Nacional de un Anteproyecto de Ley Creadora de una Superintendencia o Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, no sólo pondría en peligro la ayuda que anualmente recibe el Estado nicaragüense de parte del gobierno de Estados Unidos, sino que pondría en riesgo la estabilidad económica del país, al jugar con fondos destinados al pago de la deuda interna.

Así lo advirtió ayer el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Sandino, al analizar el impacto que tendría en el país la aprobación de un anteproyecto de ley propuesto entre diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista (FSLN).

De acuerdo con el funcionario del gobierno, al transferirle las funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a esa nueva institución en materia de la propiedad, se estaría trasladando la responsabilidad de millones de dólares en recursos del Estado a una institución partidizada.

¿NERVIOSISMO GRINGO?

“Si les trasladan las funciones del MHCP, se les trasladan los recursos, la cartera de fondos destinados a los pagos de indemnizaciones, bonos de propiedad y responsabilidad sobre bienes del Estado y eso pone en riesgo la estabilidad económica del país, porque muchos de estos recursos se abonan al pago de la deuda interna del país y a la solución de problemas de propiedad de ciudadanos norteamericanos, lo que a su vez nos ayuda en el alivio de la deuda externa al obtener recursos de Estados Unidos”, explicó Sandino.

Producto del pago de las quiebras bancarias y las indemnizaciones por conflictos de propiedad, entre otras cosas, el Estado tiene una deuda interna de cerca de 1,800 millones de dólares. Sólo en tratar de solucionar el lío de la propiedad que heredaron los sandinistas en 1990, el Estado ha invertido más de 900 millones de dólares.

El Viceministro de Hacienda dijo que la ayuda económica, política y social de Estados Unidos a Nicaragua, depende en gran parte de la aprobación anual de una certificación que a nivel mundial hace el Departamento de Estado sobre la solución de conflictos de propiedad de ciudadanos norteamericanos, conocida como “waiver”.

“Del ‘waiver’ depende que Estados Unidos nos preste ayuda y respaldo, y es delicado que personas que fueron responsables de las confiscaciones y expropiaciones ahora estén al frente de una institución que precisamente busca cómo resolver los conflictos que esas medidas dejaron”, dijo Sandino, en referencia a las medidas que implementó el Frente Sandinista al tomar el poder por la fuerza en 1979.

Cabe mencionar que una de las preocupaciones al respecto por el gobierno, es que la mayoría de estos casos son de ciudadanos nicaragüense-norteamericanos que al momento del triunfo sandinista en 1979, huyeron del país por temor al gobierno izquierdista y hasta la fecha son opositores al FSLN, lo que supuestamente puede generar roces políticos.

HERENCIA MILLONARIA

Sandino señaló que el año pasado un congresista norteamericano, Cass Ballenger, introdujo ante el Congreso de Estados Unidos una moción para liberar a Nicaragua del “waiver”, y que el caso aun no ha sido fallado y se encuentra en observación. “Si se aprueba esa institución, los norteamericanos podrían no aprobar el asunto sobre el ‘waiver’, y eso nos quitaría recursos que no tenemos”, advirtió Sandino.

Sandino señaló el peligro de dejar en manos de dos partidos, y ante la cercanía de un proceso electoral, la resolución de un conflicto por donde se mueven centenares de millones de dólares en indemnizaciones, permutas, entregas de tierras, confiscaciones, titulación de propiedades urbanas y rurales.

De acuerdo con el funcionario, los nuevos funcionarios de la propiedad tendrían en sus manos la responsabilidad de solucionar 18 mil casos de reclamos vigentes contra el Estado, de los cuales un poco mas de la mitad se refieren a propiedades inmuebles como fincas, casas, terrenos y otros, incluyendo el reclamo de miles de desmovilizados de la ex Contra y del Ejército.

Sólo en estos reclamos, el Ministerio de Hacienda calcula que el Estado adeuda más de 450 millones de dólares, los que serían administrados a juicio de la nueva institución de la propiedad que elijan los diputados liberales y sandinistas.

CORNAP EN EL PAQUETE

Tras subir al poder los guerrilleros sandinistas, las propiedades de personas allegadas al defenestrado gobierno de la dinastía Somoza, o simplemente empresarios opositores a la izquierda, fueron confiscadas y expropiadas mediante decretos emitidos por el gobierno sandinista.

Posteriormente, en 1990, cuando el FSLN perdió el poder por el voto popular, se crearon leyes que legalizaron y traspasaron grandes propiedades a miles de personas afines a los sandinistas, dejando tal traspaso millonarias deudas a los gobiernos subsiguientes, que cada año destinan más de 100 millones de córdobas al pago de indemnizaciones de personas cuyas propiedades fueron afectadas por el gobierno sandinista.

Parte de las nuevas funciones de la institución de la propiedad, en caso de que sea aprobada, sería prorrogar la vigencia de los contratos de arriendo con opción a compra, suscritos entre la Corporación Nacional Administradora del Sector Público y los trabajadores beneficiarios de los Acuerdos de Concertación de la Fase I y II, retirados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y de la ex Resistencia.

LA PRENSA/JOSÉ ADÁN SILVA

JUEZ Y PARTE

Las atribuciones de la Superintendencia o Instituto de la Propiedad, aparte de las que indiquen todas las leyes y decretos que se hayan emitido sobre el tema, serían nombrar notarios, técnicos, supervisores y directores de instancias vinculadas, como la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones y la Oficina de Titulación.