- Empresa ganó licitación con oferta alta y uno de sus socios ya había vendido las ‘ponchadoras’ en 2001
Jorge Loáisiga Mayorga y Luis Eduardo Martínez
El Consejo Supremo Electoral (CSE) habría violado la Ley de Contrataciones del Estado, al adjudicar la elaboración de 10 mil valijas electorales a la empresa Importaciones Ofimas, a un costo de 8.8 millones de córdobas, 1.7 millones más que la oferta más baja presentada por otro oferente.
La valija electoral incluía las “ponchadoras” que colapsaron el día de las elecciones municipales.
En Ofimas figura como socio, Walter del Carmen Bravo Flores, un empresario de Matagalpa al que se le vincula con el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes. Bravo Flores también fue socio de Mayoreo Ferretero S.A. (Mafesa), la empresa que vendió las “ponchadoras” para las elecciones del 2001, compra en la que la Contraloría encontró irregularidades.
Esas irregularidades están plasmadas en un informe de auditoría del 13 de diciembre del 2002.
LA PRENSA ha intentado obtener una versión oficial de las autoridades del CSE o de su presidente, Roberto Rivas, pero ha sido imposible lograr una respuesta.
También solicitamos una entrevista con el magistrado presidente, o alguien del Comité de Licitación, ante el vocero de la institución, Félix Navarrete, pero hasta el viernes por la tarde no obtuvimos respuesta. El viernes nos dijeron que Rivas Reyes había salido para Costa Rica.
En Matagalpa es vox populi que el capital con que trabaja Bravo Flores es del presidente del CSE. Bravo lo niega. Dice conocer a Rivas “únicamente porque ambos son matagalpinos y contemporáneos”.
SEGUNDA MÁS CARA
Ofimas ganó la licitación pública No. 01-2004, Proyecto de “Suministro del Material Electoral Empacado y a Granel”, entre el que se incluían las “ponchadoras” que colapsaron en las elecciones municipales del 7 de noviembre del 2004.
Pero Ofimas presentó el segundo precio más alto de todas las ofertas (8.8 millones de córdobas), 1.7 millones por encima de los 7.1 millones de córdobas que ofertó la sociedad Argüello César Comercial S.A., según el “acta de apertura de ofertas” efectuada el 3 de agosto de este año.
La Ley de Contrataciones del Estado establece que entre los oferentes se debe escoger la mejor oferta al interés general, en las mejores condiciones de celeridad racional y eficiencia.
El Comité de Licitación del CSE estaba integrado por Marisol Ortega Picado, directora general administrativa y presidenta del Comité de Licitación; Pedro Navarrete Alemán, director general administrativo y financiero; Adonai Jiménez Alar, director general de Organización y Logística Electoral; Renzo Reyes Osejo, responsable de la Unidad de Adquisiciones; Leandro Delgado Osegueda, director de Logística Electoral y Yader Agenor Canales Delgado, asesor legal.
FUE IMPUGNADA
El representante de la empresa Argüello César Comercial, Mauricio Argüello, introdujo un recurso de impugnación contra la adjudicación de la licitación a Ofimas, el 13 de agosto del 2004, que fue resuelto desfavorablemente por el Comité de Licitación del CSE.
Argüello cuestiona que la empresa Ofimas no pudo haber presentado estados financieros de los últimos dos años requeridos en el pliego de bases y condiciones, porque fue creada y registrada como contribuyente apenas en mayo del 2003.
“…Es de considerar que la oferta a la que se recomienda adjudicar es una empresa novel, sin mayor experiencia, que no pudo haber presentado estados financieros de los dos últimos años requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, y que en general no reúne los requisitos de elegibilidad requeridos para este proceso licitatorio…”, precisa el recurrente.
Otro aspecto relevante del recurso de impugnación fue que el “precio base” de la licitación, según Argüello, nunca lo conocieron.
“Respecto a la evaluación económica de las ofertas presentadas, las mismas fueron evaluadas a partir de un precio base que nunca fue puesto en conocimiento de los oferentes, ni siquiera al momento de la apertura de ofertas, lo que significa una clara violación a las normas contenidas en la Ley No. 323 y su Reglamento…”, dice el recurso.
El artículo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado, relacionado al principio de igualdad y libre competencia, indica que “la escogencia de la oferta más conveniente al interés general se hará con aplicación del método objetivo de evaluación y comparación que necesariamente se incluirá en las bases de la licitación”.
En su escrito Argüello indica que como no se dio a conocer el precio base, como indica la ley, “es un precio base a todas luces subjetivo y que hace presumir una falta procedimental grave cometida por el Comité de Licitación al momento de la evaluación”.
Argüello recibió respuesta a su impugnación hasta el 31 de agosto del 2004, cuando le notificaron que el comité por mayoría de votos resolvió no dar lugar a su impugnación. Pero el documento que le hicieron llegar iba suscrito únicamente por Francisco Quiñónez, presidente del Comité Revisor.
Antes de impugnar, Argüello había introducido un recurso de aclaración en el que pedía respuestas a 62 preguntas que le formuló a la presidenta del Comité de Licitación, Marisol Ortega Picado, quien declaró improcedente el recurso y dijo que todas las actuaciones del Comité estaban de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.
OFIMAS Y MAFESA ¿HERMANAS?
Importaciones Ofimas es una sociedad anónima en la que figuran como socios Walter del Carmen Bravo Flores, su esposa Aurora María Brenes Icabalceta y sus hijos Walter Horacio y Ana Lía Bravo Brenes.
Esta sociedad fue creada en escritura pública el 30 de mayo del 2003 en la ciudad de Managua, por el notario Jorge Leonel Ballesteros Zamora. Su número RUC es el 3005039516, lo que indica que está inscrita como contribuyente desde mayo del 2003, hace un año y cinco meses, o sea que ni aun hoy cumple con el requisito de entregar estados financieros de dos años atrás.
Ofimas y Mayoreo Ferretero S.A. (Mafesa) tienen cosas en común. Ambas han abastecido de materiales electorales al Consejo Supremo Electoral (CSE), entre éstos las “ponchadoras”, y en ambas figura como socio Walter del Carmen Bravo Flores, un empresario de Matagalpa que vivió en Guatemala, al que se le vincula con el presidente del CSE, Roberto Rivas.
A Mafesa el CSE le compró, sin licitar, 10,000 “ponchadoras” para las elecciones presidenciales del 2001.
Bravo rechazó que “en el proceso de licitación para lo de las valijas electorales haya ejercido algún tipo de tráfico de influencias”.
Bravo dice que fue socio de Mayoreo Ferretero (Mafesa), sociedad que había constituido con su cuñado Roberto Brenes Icabalceta y el empresario ferretero Oswaldo Úbeda.
Asegura que constituyeron la sociedad “hace como siete años, cuando vino mi cuñado al país, entonces, con el ánimo de apoyarlo le dije: ‘Abramos una empresa’, con el ánimo de lanzarnos en la línea ferretera. Después él se quedó solo”.
Según Walter Bravo Flores, él y Oswaldo Úbeda se retiraron de la sociedad hace “por lo menos tres o cuatro años”.
Las “ponchadoras” del 2001
Mafesa, la empresa de la que era socio Walter del Carmen Bravo Flores, a quien se le vincula con el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, emitía facturas en las que aparecía un correo electrónico basado en la Universidad Católica: [email protected]. Rivas es también vice-rector académico de esa universidad.
Mafesa, una empresa dedicada a la venta de artículos de ferretería y construcción, no podía utilizar el nombre de la Universidad Católica y mucho menos el “edu.ni” que utilizan sólo centros de educación en Nicaragua.
Bravo también tiene acciones en las empresas Mayoreo del Norte (Mayon) y Distribuidora Internacional S.A. (Diinsa). Estas dos empresas participaron en la venta de las “ponchadoras” que el CSE adquirió en el 2001, a través de una triangulación que hizo Mafesa. Mayon es una distribuidora de papelería y útiles de oficina y Diinsa es una empresa mayorista, distribuidora de productos como escobas plásticas, pañuelos desechables, jabón y aceite.
La historia de las famosas “ponchadoras” está en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) del 13 de diciembre del 2002.
El documento indica que Roberto Rivas Reyes, magistrado presidente del CSE y coordinador del Comité de Licitación Restringida, el 4 de septiembre y el 3 de octubre del 2001 autorizó compras que por sus características correspondían a licitaciones restringidas.
“Se evidenció que hubo fraccionamiento en la compra al elaborar dos órdenes de compras al mismo proveedor y en un período menor de un mes y que no se cumplieron con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, para la licitación restringida”, dice el informe.
“Por su monto, esta adquisición debió realizarse a través de una licitación por registro. Las “ponchadoras” fueron canceladas y recibidas por el CSE según cheques No. 0207747 del 19 de septiembre del 2001 y 0208197 del 2 de octubre del 2001”, agrega el documento.
Rivas envió una carta a la CGR, dirigida al contralor Francisco Ramírez, el 25 de octubre del 2001, solicitando permiso para comprar directamente, pero éste ya había realizado la compra de la valija electoral y las “ponchadoras”.
MAFESA TAMBIÉN LICITÓ
Las empresas que participaron en la licitación restringida para la valija electoral fueron Argüello César Comercial con una oferta de 7.1 millones de córdobas; Importaciones Ofimas, con una oferta de 8.8 millones; el consorcio Securicor, Segura S.A. y Formas Eficientes S.A., presentó una oferta de un poco más de 11 millones de córdobas; y la Empresa Mayoreo Ferretero S.A. (Mafesa) presentó una oferta superior a los 12 millones de córdobas. Ésta última no clasificó.
