Douglas Carcache
Hasta hace meses, cuando algún extranjero me preguntaba sobre los riesgos que corren los periodistas en Nicaragua, sólo le contaba de presiones y amenazas, porque los casos de asesinatos de periodistas los ubicaba largo de nuestras fronteras, en Guatemala, México o Colombia.
Sin embargo, reconozco que Nicaragua ya no es la excepción en ese campo y que, así como asesinaron a María José Bravo hace doce días, las mafias políticas podrían mandar a matar a otros periodistas cualquier día, para intimidar más al gremio y silenciarlo, porque hasta hoy no lo han logrado con presiones y amenazas.
Tal vez parezca increíble la globalización de los asesinatos contra periodistas, pero el crimen en general está cruzando fronteras y se incrusta en diferentes actividades de la sociedad, incluida la política.
Un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) afirma que más de 100 periodistas han sido asesinados en el mundo, desde enero pasado hasta la fecha, lo que ha convertido al año 2004 en el más mortífero para los reporteros durante la última década.
Eso me sorprende y también que en Nicaragua algunas autoridades o personalidades todavía traten de guardar silencio ante un crimen de esos o, peor aún, que intenten borrar evidencias para que parezca accidente en vez de asesinato.
El obispo Bernardo Hombach condenó el asesinato de la periodista Bravo y sin ningún temor dijo que había sido premeditado.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal, cuyo secretario general es el obispo Abelardo Mata, emitió después un mensaje público y de ninguna forma mencionó el crimen, sino que criticó a “algunos medios de comunicación” por perder la objetividad y defender “intereses personales”.
Ese mensaje de la jerarquía católica, ocho días después de la muerte de Bravo, me dejó la impresión de que para esos prelados nunca hubo asesinato, sólo periodistas o medios provocadores.
Por otro lado, un día antes de comenzar el juicio contra el pistolero que mató a la periodista, una reportera de LA PRENSA descubrió que la Policía hizo un segundo informe sobre la trayectoria de la bala, indicando que ésta rebotó dos veces antes de matar a Bravo. Hay, sin duda, fuertes contradicciones, porque el primer dictamen policial señalaba un disparo directo al pecho de la periodista y el informe del forense confirmaba que el balazo había sido a quemarropa.
Supongo que alguien quiere borrar evidencias del asesinato para convertirlo, por fuerza, en un accidente, porque quien mató a Bravo es un ex alcalde y activista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El sandinista Daniel Ortega, quien se prepara para ser candidato presidencial por cuarta vez, quiso llevar agua a su molino al decir que durante la década que él gobernó nunca mataron a un periodista en Nicaragua. Ocultó sí, que entonces ningún periodista podía informar con libertad y el que osaba saltar sobre la censura del régimen del FSLN, era encarcelado u obligado a huir antes de que una turba lo malmatara.
